La decisión genera expectativas en Argentina por la situación de dos ciudadanos detenidos bajo la gestión chavista. El Gobierno nacional reclama de forma activa por la libertad del gendarme Nahuel Gallo y del abogado Germán Giuliani, sobre quienes se esperan novedades luego de las declaraciones de Rodríguez, aunque no se mencionaron nombres de posibles liberados. Ambos hombres permanecen bajo custodia desde diciembre de 2024 y mayo de 2025, respectivamente, por causas de tinte político.

“Ya aprobamos la ley ayer (por el miércoles). Luego, el martes, hay que dar la segunda discusión y se aprueba de forma definitiva. Al estar esa ley aprobada, ese mismo día salen todos”, enfatizó el funcionario, quien, además, pidió que la segunda discusión de la ley incorpore todas las ideas que surjan de las consultas públicas con las víctimas.

“Váyanse a las calles a discutir la ley de amnistía y escuchen a las víctimas, escuchen a las madres y familiares de los privados de libertad y tráigannos todas las ideas que quieran, que todas son buenas y bienvenidas”, invitó, alentando a la comunidad a participar de la propuesta legislativa que contemplaría no solo las excarcelaciones, sino también una estructura de compensación para los afectados.

La iniciativa, presentada originalmente por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, abarca procesos judiciales de los últimos 27 años de gestión chavista. Según informó la agencia EFE, el texto posee 13 artículos y abrió paso al proceso de liberación gradual que ya comenzó en diversas dependencias policiales y militares del territorio venezolano.

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este jueves con carácter de urgencia la ley de amnistía destinada a beneficiar a personas perseguidas por motivos ideológicos. Esta iniciativa busca extinguir procesos judiciales derivados de protestas y críticas a la gestión pública ocurridas desde el inicio del mandato de Hugo Chávez en 1999. El texto contempla la libertad inmediata de los detenidos, la anulación de antecedentes penales y la devolución de bienes incautados.

El marco legal también deja sin efecto las órdenes de captura internacionales y alertas migratorias para facilitar el regreso de miles de exiliados. No obstante, la norma establece límites claros y excluye a responsables de crímenes de lesa humanidad, homicidios intencionales o violaciones graves a los derechos humanos. De esta manera, el oficialismo califica la medida como un acto de clemencia orientado a fomentar la paz interna y la reconciliación nacional.