La Justicia en lo Penal Económico recibió una denuncia por presunto contrabando contra directivos y responsables de empresas pesqueras internacionales que operan en el Atlántico Sur bajo licencias otorgadas por autoridades británicas en las Islas Malvinas.

La presentación fue realizada por los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio, quienes sostienen que las empresas denunciadas estarían explotando recursos pesqueros argentinos mediante permisos que consideran ilegítimos. También solicitaron que se investigue si hubo eventuales responsabilidades de funcionarios argentinos por falta de vigilancia o patrullaje sobre las actividades desarrolladas en la zona.

Según la denuncia, las operaciones afectarían la soberanía argentina, el control aduanero y los recursos naturales ubicados en la Plataforma Continental y la Zona Económica Exclusiva Argentina.

Los abogados sostienen que los buques pesqueros capturarían recursos vivos marinos en áreas que consideran comprendidas dentro del territorio marítimo argentino y posteriormente realizarían exportaciones, trasbordos o descargas sin pasar por los controles de la Aduana argentina.

La denuncia contra las pesqueras

En uno de los pasajes más duros del escrito, los denunciantes calificaron a las licencias británicas como “verdaderas patentes de corso otorgadas para destruir el patrimonio ictícola de la República Argentina”.

La presentación sostiene que podría configurarse el delito de contrabando porque las empresas “extraerían riqueza soberana del territorio argentino” y desarrollarían sus operaciones sin someterse a la fiscalización de los organismos argentinos.

Los denunciantes invocaron distintos artículos del Código Aduanero vinculados con la obstaculización del control aduanero, la exportación clandestina y la elusión de controles, además de agravantes relacionados con la utilización de buques y la presunta organización de las operaciones para evitar la intervención de la Aduana y la Prefectura Naval.

La denuncia apunta contra directivos, administradores y representantes de las empresas involucradas. De todos modos, se trata de acusaciones que deberán ser investigadas y cuya eventual responsabilidad penal deberá determinar la Justicia.

Qué le pidieron a la Justicia

Entre las medidas solicitadas, los abogados pidieron que la Prefectura Naval Argentina y el INIDEP aporten los registros de avistaje e identificación de las flotas pesqueras vinculadas con las empresas denunciadas y de otras embarcaciones detectadas operando en el Atlántico Sur con licencias británicas o sin autorización argentina.

También solicitaron que la Dirección General de Aduanas informe si esas empresas realizaron operaciones de exportación o pagaron derechos por las capturas efectuadas en el área marítima de Malvinas.

Además, reclamaron información sobre los posibles vínculos comerciales de las firmas denunciadas con empresas, filiales y activos operativos ubicados en el territorio continental argentino.

Finalmente, pidieron que, si de la investigación surgen elementos suficientes, los directivos sean citados a declaración indagatoria y que se analice la posibilidad de disponer medidas cautelares sobre sus buques y activos comerciales en el continente.

La presentación se produce en medio de una renovada discusión sobre la explotación de los recursos naturales alrededor de las Islas Malvinas y el funcionamiento del sistema de licencias pesqueras administrado por el Reino Unido. La denuncia busca ahora que la Justicia determine si detrás de esas operaciones existieron maniobras que puedan encuadrarse en un delito aduanero.