Una denuncia penal presentada ante la Justicia en lo Penal Económico puso bajo la lupa a empresas pesqueras internacionales que operan en el Atlántico Sur con licencias otorgadas por autoridades británicas en las Islas Malvinas. Los denunciantes sostienen que las compañías podrían estar explotando recursos argentinos sin someterse a los controles aduaneros nacionales.

La presentación fue realizada por los abogados José Lucas Magioncalda y Juan Martín Fazio y apunta contra directivos, administradores y representantes de las empresas involucradas. Además, solicitaron que se investigue si hubo responsabilidades de funcionarios argentinos por una eventual falta de vigilancia o patrullaje sobre las actividades denunciadas.

Según el escrito, los buques pesqueros capturarían recursos vivos marinos en áreas que los denunciantes consideran comprendidas dentro del territorio marítimo argentino y posteriormente realizarían exportaciones, trasbordos o descargas sin pasar por los controles de la Aduana argentina.

Los abogados sostienen que las licencias otorgadas por el Reino Unido serían utilizadas para evitar la fiscalización argentina y el pago de los derechos de exportación correspondientes.

Una denuncia por presunto contrabando

La presentación judicial plantea que esas operaciones podrían configurar el delito de contrabando y cuestiona la legitimidad de los permisos británicos utilizados por las empresas.

En uno de los pasajes más duros del escrito, los denunciantes calificaron a las licencias como “verdaderas patentes de corso otorgadas para destruir el patrimonio ictícola de la República Argentina”.

También afirmaron que las empresas “extraerían riqueza soberana del territorio argentino” y que las operaciones comerciales se realizarían sin someterse al control de las autoridades nacionales.

La denuncia invoca distintos artículos del Código Aduanero vinculados con la obstaculización del control, la exportación clandestina o la elusión de los controles aduaneros, además de circunstancias agravantes relacionadas con la utilización de buques y la presunta organización de las maniobras.

Qué le pidieron a la Justicia

Para avanzar con la investigación, los denunciantes solicitaron que la Prefectura Naval Argentina y el INIDEP entreguen los reportes de avistaje e identificación de las flotas pesqueras vinculadas con las empresas señaladas y de otras embarcaciones detectadas en el Atlántico Sur bajo licencias británicas o sin autorización argentina.

También pidieron que la Dirección General de Aduanas informe si las compañías realizaron operaciones de exportación o pagaron derechos por las capturas obtenidas en el área de Malvinas.

A la Inspección General de Justicia le solicitaron información sobre los vínculos comerciales de las empresas con filiales y activos operativos en el territorio continental argentino.

Además, plantearon que, si la investigación encuentra elementos suficientes, se cite a declaración indagatoria a los directivos de las firmas denunciadas y se dispongan medidas cautelares sobre sus buques y activos comerciales en el continente.

La presentación vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento de las licencias pesqueras otorgadas unilateralmente por el Reino Unido en las Islas Malvinas y el control argentino sobre los recursos del Atlántico Sur. La denuncia deberá ahora ser analizada por la Justicia para determinar si existió efectivamente un delito y quiénes podrían ser responsables.