Una inmobiliaria quiso vender 3.000 hectáreas en la Patagonia tras el fallo de la Corte
Una inmobiliaria de Chubut publicó la venta de un campo de 2.943 hectáreas con lago privado y 16 kilómetros de costa sobre el río Pico durante el breve período en que un fallo de la Corte Suprema dejó sin efecto la sentencia que frenaba la derogación de la Ley de Tierras. El caso expone cómo la desregulación impulsada por el gobierno de Javier Milei abrió una oportunidad para avanzar con operaciones que la normativa buscaba limitar.
La publicación de Loma Alta Propiedades, difundida en redes sociales, ofrecía la propiedad por su potencial productivo, forestal y turístico. También promocionaba la posibilidad de asesorar a inversores extranjeros sobre las condiciones legales para comprar campos, incluso en zonas de frontera.
El Observatorio de Tierras detectó la oferta y la señaló como un caso testigo de los riesgos de la extranjerización. La inmobiliaria retiró el anuncio después de que el tema tomara estado público. No hay confirmación de que la operación se haya concretado, pero el episodio mostró que el cambio judicial podía ser aprovechado comercialmente.
El conflicto comenzó con el DNU 70/2023, mediante el cual el Gobierno derogó la Ley de Tierras Rurales, que establecía límites a la propiedad extranjera sobre campos argentinos. Entre otras restricciones, la norma fijaba un tope del 15% de tierras rurales en manos extranjeras por provincia y limitaciones específicas para la compra en zonas de frontera y áreas vinculadas a grandes cuerpos de agua.
El 29 de septiembre, la Corte Suprema revocó una sentencia que había declarado inconstitucional la derogación. Sin embargo, el máximo tribunal no resolvió entonces que la eliminación de la ley fuera constitucional: rechazó aquella demanda por considerar que la organización que la había presentado no tenía legitimación para hacerlo.
Días después, una nueva medida cautelar interina volvió a suspender los efectos del artículo 154 del DNU que derogaba la norma. La suspensión es provisoria y el conflicto judicial sigue abierto.
Matías Oberlín, doctor en Historia e integrante del equipo del Observatorio de Tierras, advirtió que el caso de Chubut podría ser apenas una muestra de lo ocurrido durante ese intervalo. Según explicó, no se sabe si la venta llegó a concretarse, pero la publicación evidencia que había inmobiliarias dispuestas a aprovechar el cambio en las condiciones legales.
La disputa judicial también se convirtió en una pulseada política. La oposición convocó a una sesión en la Cámara de Diputados para rechazar el DNU 70/2023, con la derogación de la Ley de Tierras como uno de los principales argumentos para avanzar contra el decreto.
Tras la nueva cautelar de la Corte, el oficialismo buscó desactivar esa sesión y propuso llevar el debate a otro terreno. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, convocó a una sesión para el 21 de octubre con un temario propio y comenzó a negociar con bloques aliados para que no dieran quórum en el debate opositor.
Entre las alternativas que analiza el oficialismo está incorporar al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada un artículo para derogar el artículo 154 del DNU, una propuesta que supondría un cambio respecto de la iniciativa original impulsada por Federico Sturzenegger. El capítulo que eliminaba la Ley de Tierras había sido retirado de ese proyecto tras el rechazo que generó.
La discusión no está cerrada. Mientras el Gobierno busca evitar que el Congreso avance contra el DNU, organizaciones ambientales y sectores opositores advierten que una suspensión judicial provisoria no ofrece una solución definitiva. La derogación de la Ley de Tierras sigue en disputa y el caso de Río Pico muestra qué está en juego cuando se flexibilizan las restricciones sobre el territorio.
