Denunciaron penalmente a Milei y Caputo por incumplir la Ley de Financiamiento Universitario
El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, fueron denunciados penalmente por el presunto incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y de una orden judicial que obliga al Gobierno a aplicar sus disposiciones. La presentación fue realizada por el legislador porteño del Partido Obrero, Gabriel Solano, y quedó radicada en el Juzgado Federal N.º 4.
La denuncia apunta a posibles delitos de desobediencia y abuso de autoridad, además del incumplimiento de los deberes de funcionario público. Según Solano, el Poder Ejecutivo mantiene sin ejecutar una resolución judicial firme que ordena recomponer los salarios docentes y no docentes y actualizar las becas estudiantiles.
Una ley aprobada por el Congreso que el Gobierno mantiene sin aplicar
El conflicto se originó con la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente. Aunque el Congreso ratificó la norma tras el veto presidencial, el Gobierno la promulgó mediante el Decreto 759/2025 y condicionó su ejecución a que se definieran las fuentes de financiamiento.
La decisión oficial dejó sin aplicación efectiva las medidas de recomposición previstas en la ley. El argumento de la Casa Rosada es que la norma compromete el equilibrio fiscal y que no están garantizados los recursos para cubrir su costo.
Sin embargo, las universidades recurrieron a la Justicia para exigir su cumplimiento. El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) impulsó un amparo y obtuvo una medida cautelar que ordenó aplicar la normativa. El Gobierno apeló, pero la Corte Suprema rechazó el recurso extraordinario en junio y dejó firme esa medida.
La Justicia declaró inconstitucional el decreto
El conflicto tuvo un nuevo capítulo el 6 de octubre, cuando el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 11 hizo lugar al amparo y declaró la inconstitucionalidad del Decreto 759/2025. Días después, el juez ratificó que la medida cautelar seguía vigente y que debía continuar su ejecución.
Pese a ese recorrido judicial, el Gobierno todavía no definió cómo actuará frente al último fallo. La administración de Milei sostiene que la ley no está incumplida, sino que permanece «interrumpida» hasta que se resuelva el financiamiento.
Para Solano, esa postura constituye una desobediencia deliberada a una orden judicial. La denuncia busca que se investigue la responsabilidad penal del Presidente y del ministro de Economía por mantener sin ejecución las medidas ordenadas.
Salarios y becas, en el centro de la disputa
La disputa tiene consecuencias directas para el sistema universitario público. La ley establece mecanismos para recomponer los salarios de docentes y no docentes y actualizar las becas destinadas a estudiantes, en un contexto de reclamos por la pérdida del poder adquisitivo y el deterioro del financiamiento de las universidades nacionales.
La presentación judicial vuelve a poner en primer plano el choque entre el ajuste fiscal del Gobierno y las decisiones del Congreso y la Justicia. La norma fue aprobada por el Poder Legislativo y su aplicación fue ordenada judicialmente, pero la recomposición salarial y la actualización de las becas siguen en el centro del conflicto.
La denuncia no implica una condena ni determina por sí misma la responsabilidad penal de los funcionarios: será la Justicia la que deberá resolver si corresponde avanzar con la investigación.
