La Justicia bonaerense le puso un freno al proceso de privatización de AySA impulsado por el Gobierno de Javier Milei. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata confirmó una medida cautelar que impide modificar o reducir las obligaciones de la empresa en la prestación del servicio de agua potable y cloacas en el AMBA.

La resolución fue dictada por la Sala II de la Cámara y también determinó que la causa deberá continuar en el fuero federal. El expediente se inició a partir de un reclamo presentado por el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, quien cuestionó el nuevo contrato de concesión de la compañía.

El tribunal estableció que AySA no puede modificar, reducir, limitar, suspender ni alterar sus obligaciones vinculadas con el acceso al agua potable, la salud pública y la protección del ambiente mientras se resuelve la cuestión de fondo.

El planteo del Defensor del Pueblo apunta al nuevo contrato de concesión firmado en mayo de este año. Según sostuvo Lorenzino, el acuerdo podía implicar una reducción de los estándares ambientales, sanitarios y de protección de los usuarios en los municipios del conurbano donde opera la empresa.

Los jueces Pablo Muñoz, Gerónimo Arias y María Ventura Martínez ratificaron la cautelar dictada previamente por un juzgado de La Plata. Para fundamentar su decisión, hicieron referencia al derecho humano al agua y a los principios preventivo y precautorio en materia ambiental.

Además, consideraron que un eventual deterioro de las condiciones del servicio podría generar daños de difícil o incluso imposible reparación posterior. Por ese motivo, decidieron mantener las restricciones mientras continúa el litigio.

La medida llega mientras el Gobierno avanza con el proceso para transferir al sector privado el 90% de las acciones de AySA. El Ejecutivo extendió hasta el 15 de septiembre el plazo para presentar propuestas y estima recaudar alrededor de 450 millones de dólares con la operación.

Sin embargo, el fallo no significa que la privatización haya quedado anulada. Lo que hizo la Justicia es limitar la aplicación del nuevo contrato en aquellos aspectos que puedan reducir las garantías actuales del servicio y enviar la discusión de fondo al fuero federal.

Ahora será la Justicia federal la que deberá definir la cuestión de fondo. Mientras tanto, el proceso de privatización de una de las empresas encargadas de garantizar un servicio esencial para millones de personas quedó, al menos por ahora, condicionado por una decisión judicial.