Hay otro documento que la denuncia considera particularmente relevante.

En marzo de 2024 se habría emitido una póliza de accidentes personales para trabajadores de Pancitos Caseros. El problema es que entre las personas incluidas aparecen funcionarios y trabajadores que, al mismo tiempo, formaban parte de la estructura de la Presidencia.

Entre ellos figura el propio Osvaldo Sosa.

También aparecen María Laura Villegas, coordinadora de Servicios Auxiliares de la Administración General de la Residencia de Olivos, y Camila Tamara Lasychyn Zapata, coordinadora de Servicios de Control Administrativo. La póliza fue contratada por Analía Agudiez.

La pregunta que surge de ese documento es inevitable: ¿por qué una empresa privada de catering tenía asegurados como “personal de catering” a trabajadores que desempeñaban funciones en la estructura de la Presidencia?

La existencia de la póliza no demuestra por sí sola que esos empleados hayan trabajado para el emprendimiento privado. Pero sí constituye uno de los documentos que la denuncia pone a disposición de la Justicia para intentar determinar qué relación existía entre ambas estructuras.

Y ahí aparece una de las cuestiones centrales de todo el caso: si empleados pagados por el Estado fueron utilizados para realizar tareas para una empresa privada, podría existir un perjuicio patrimonial para la administración pública.

La denuncia de Pagano lo encuadra como una posible utilización de trabajos o servicios públicos en beneficio particular.

Casi 30 toneladas de comida y ningún control sobre el destino final

Otro punto planteado en la presentación judicial es el mecanismo de control.

Según la denuncia, el esquema de compras permitía que la misma estructura administrativa interviniera en distintas etapas: determinar cuánto comprar, recibir la mercadería, controlar los remitos y tramitar las facturas.

El problema señalado es que no existiría en esos pliegos un mecanismo suficiente para controlar cuánto se consumía realmente, cuánto quedaba almacenado y cuál era el destino final de los alimentos.

Esto es importante porque cambia el eje de la discusión.

No se trata solamente de preguntar si se compraron 29 toneladas de alimentos. La pregunta relevante es qué ocurrió después con esos alimentos.

Si todo fue utilizado para las necesidades de la Casa Rosada y Olivos, la magnitud de la compra podrá discutirse desde el punto de vista administrativo o presupuestario.

Si, en cambio, una parte terminó abasteciendo un negocio privado, el problema sería completamente diferente.

Eso es precisamente lo que la Justicia deberá determinar.

El proveedor fantasma y más de $600 millones

La denuncia no termina en la carne.

Otra de las líneas de investigación apunta a un supuesto proveedor que habría facturado más de $600 millones al Estado.

Según la documentación presentada por Pagano, se trataría de un jubilado de más de 80 años, residente en un barrio de bajos recursos y sin patrimonio que permita explicar semejante volumen de operaciones. La acusación sostiene que su identidad habría sido utilizada para inscribirlo como proveedor del Estado.

Por ahora, nuevamente, se trata de una hipótesis denunciada ante la Justicia y no de un hecho probado.

Pero si la investigación confirmara que una persona que no realizaba efectivamente las operaciones fue utilizada para facturar cientos de millones, el dato podría ser una pieza importante para reconstruir quién cobraba realmente y quién se beneficiaba con esas contrataciones.

Es uno de los motivos por los que la denuncia habla de posibles delitos como peculado, fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles y lavado de dinero.

Jardinería, carritos de golf y aromatizantes

El expediente también incorpora otras contrataciones que, tomadas individualmente, podrían parecer asuntos administrativos menores, pero que adquieren otra dimensión cuando se las analiza dentro del mismo mapa de relaciones.

Uno de ellos es la jardinería de Olivos y Casa Rosada, que según la denuncia habría quedado vinculada a Franco Castelli, señalado como socio comercial de la familia Agudiez.

También aparecen compras directas de carritos de golf eléctricos marca Melex, utilizados para desplazamientos dentro de la Quinta, y adquisiciones de aromatizantes de la marca Saphirus.

Este último caso tiene una particularidad: Karina Milei visitó personalmente la fábrica de Saphirus en noviembre de 2025. En aquella recorrida estuvo acompañada justamente por María Belén Agudiez. El Gobierno publicó oficialmente las imágenes y confirmó la visita.

La denuncia incorpora además cuestionamientos sobre la relación de Agudiez con ese producto en el ámbito privado.

De nuevo: una visita oficial a una fábrica no demuestra ninguna irregularidad en una compra posterior. Lo relevante para la investigación será determinar si existieron contrataciones, vínculos comerciales, beneficios personales o conflictos de intereses que no hubieran sido informados.

¿Por qué echaron a todo el personal de Olivos?

En medio de todo esto ocurrió algo que todavía genera preguntas.

El Gobierno decidió disolver la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos, desplazar a doce trabajadores civiles y transferir el control integral de la residencia a la Casa Militar.

La explicación oficial estuvo relacionada con cuestiones de seguridad y con la necesidad de reorganizar el funcionamiento de las residencias presidenciales.

Pero el momento en que se produjo la decisión generó otra interpretación.

Entre los desplazados estaba justamente Osvaldo Sosa, el administrador de la Quinta y pareja de Analía Agudiez.

Y pocos días después se produjo la salida de Belén Agudiez.

El Gobierno aceptó formalmente su renuncia el 20 de septiembre. El decreto no menciona ninguna investigación, denuncia ni irregularidad: solamente acepta la dimisión.

Por eso es importante separar lo que está confirmado de las interpretaciones que circulan.

Está confirmado que Sosa fue desplazado, que la estructura civil de Olivos fue desarmada, que Casa Militar tomó el control y que Agudiez dejó su cargo.

Lo que todavía debe establecerse es si esas decisiones fueron consecuencia directa de las denuncias sobre contrataciones y negocios privados.

Distintas fuentes citadas por LA NACION hablaron de desconfianza y sospechas de filtraciones de información como parte del trasfondo de la salida de Agudiez. Pero no existe una explicación oficial que vincule su renuncia con las acusaciones sobre compras y contrataciones.

La conexión política: Karina Milei

El caso adquiere una dimensión política porque varios de los protagonistas tenían vínculos con el entorno de la secretaria general de la Presidencia.

Belén Agudiez ocupaba desde enero de 2024 la Subsecretaría de Planificación General de la Secretaría General, estructura conducida por Karina Milei. Desde allí tenía funciones relacionadas con los servicios necesarios para el funcionamiento de esa Secretaría y de las residencias presidenciales.

Su cuñado, Sosa, había quedado al frente de Olivos.

Su hermana, Analía, aparece vinculada al emprendimiento Pancitos Caseros.

Y ese emprendimiento es precisamente el que, según la denuncia, podría haber recibido alimentos, servicios o trabajo financiados por el Estado.

Ese es el núcleo de la sospecha.

No que exista una relación familiar —eso está documentado—, sino que esa red de relaciones pudiera haber permitido que recursos públicos terminaran beneficiando a un negocio privado.

La Justicia tendrá que determinar si esa hipótesis se sostiene con pruebas.

De los “curros” al expediente judicial

Hay además una dimensión política difícil de pasar por alto.

Agudiez había tenido actividad política dentro del espacio libertario y fue candidata en dos oportunidades. Antes de llegar al Gobierno había defendido públicamente la necesidad de terminar con los “curros” dentro del Estado.

Ahora su nombre aparece en una denuncia que justamente intenta determinar si existió un mecanismo mediante el cual compras realizadas con dinero público pudieron haber terminado beneficiando a un emprendimiento privado vinculado a su propia familia.

La contradicción, por ahora, es política y periodística. La responsabilidad penal deberá establecerla la Justicia.

Lo que falta saber

El “Olivosgate” todavía tiene más preguntas que respuestas.

¿Las casi 30 toneladas de alimentos fueron efectivamente entregadas en su totalidad a la Casa Rosada y la Quinta?

¿Quién recibió cada partida?

¿Dónde fueron almacenados los productos?

¿Existen registros de consumo que permitan saber cuánto se utilizó?

¿Trabajadores públicos realizaron tareas para Pancitos Caseros?

¿Por qué funcionarios de la Presidencia aparecen en una póliza privada como personal de catering?

¿Quién facturó realmente los más de $600 millones atribuidos al supuesto proveedor?

¿Existió algún vínculo entre las contrataciones de jardinería y el entorno familiar de Agudiez?

¿Quién autorizó las compras directas de carritos de golf y aromatizantes?

Y, sobre todo: ¿la salida de doce trabajadores civiles y la posterior renuncia de una funcionaria cercana a Karina fueron una reorganización por seguridad o tuvieron relación con las denuncias que empezaban a aparecer?

Por ahora, ninguna de esas preguntas tiene una respuesta judicial definitiva.

Lo que sí existe es una serie de documentos, contrataciones, vínculos familiares y decisiones administrativas que quedaron bajo investigación. Y un dato político imposible de ignorar: la estructura que administraba la residencia presidencial terminó desarmada justo cuando comenzaron a conocerse las sospechas sobre negocios privados alrededor de los recursos de Olivos.

La historia recién empieza. Y esta vez no se trata solamente de quién entra o quién sale de la Quinta. La pregunta de fondo es qué se hacía puertas adentro con los recursos que pagaban todos los argentinos.