Uno de los elementos que quedó asociado a su gestión fue la auditoría sobre el funcionamiento de la ex ANDIS hasta el 21 de agosto de 2025. El informe, elaborado a partir de un relevamiento encargado durante la intervención, encontró una diferencia de $158.717.131.557,63 entre los listados de deuda exigible informados por dos áreas del organismo: la Dirección de Presupuesto y Contabilidad y la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud (DNASS), que tenía a su cargo programas como Incluir Salud.

El informe también observó el uso de la figura de “legítimo abono” para pagar bienes y servicios ya entregados sin haber atravesado previamente los procedimientos ordinarios de contratación. Según el documento, los prestadores de medicamentos e insumos recibieron $479.504 millones entre 2024 y el 21 de agosto de 2025.

La cifra de $158.717 millones, de todos modos, no equivale por sí sola a un faltante de dinero ni demuestra un delito: se trata de una diferencia entre registros de deuda de distintas áreas. De hecho, la propia DNASS señaló que los importes y su clasificación podían contener variaciones derivadas de errores involuntarios de carga de los prestadores. El informe, además, dejó observaciones sobre los mecanismos de contratación y otros controles internos.

La auditoría tomó estado público el domingo y la renuncia de Vilches se conoció al día siguiente. La coincidencia temporal alimentó distintas interpretaciones sobre su salida, pero no existe una explicación oficial que vincule la renuncia con ese informe: la carta presentada por el funcionario habla exclusivamente de motivos personales.

En paralelo, el Presupuesto 2027 abrió otra crisis

La renuncia se produce además cuando el Gobierno intenta desactivar la crisis política que generó el capítulo de Discapacidad incluido en el proyecto de Presupuesto 2027.

El texto original proponía modificar puntos centrales de la normativa vigente: eliminaba el mecanismo de actualización automática del nomenclador de prestaciones, modificaba las condiciones para acceder a las pensiones por invalidez y establecía una incompatibilidad entre la pensión y el empleo registrado, entre otros cambios. También planteaba un esquema de prestación equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio.

La inclusión de esos artículos provocó cuestionamientos de la oposición, de organizaciones vinculadas al sector y también dentro de La Libertad Avanza.

La principal crítica interna fue de Patricia Bullrich. La jefa del bloque libertario en el Senado sostuvo que no había sido informada previamente de esos cambios pese a integrar la mesa política del Gobierno. “Me sorprendió porque, estando en la mesa política, el tema no salió a la luz y llegó el Presupuesto con esta introducción de cambios en la ley de Discapacidad que no eran conocidos”, afirmó. También advirtió que este tipo de decisiones podía afectar el vínculo con los aliados parlamentarios.

El Gobierno terminó abriendo la puerta a modificar el proyecto original y comenzó a negociar con el PRO, la UCR y otros bloques una alternativa. La intención oficial es reemplazar la actual emergencia por una legislación permanente, mientras la oposición busca prorrogar la emergencia vigente.

La próxima instancia será la reunión plenaria de las comisiones de Discapacidad y Presupuesto de Diputados, prevista para este miércoles, donde el oficialismo necesita conseguir un texto que reúna los votos de los bloques aliados.

Una salida en un área atravesada por denuncias y reclamos

La salida de Vilches agrega otro movimiento a una Secretaría que nació después de la crisis de la ANDIS y que todavía arrastra las consecuencias del caso Spagnuolo, procesado en la causa que investiga presuntas irregularidades en el organismo.

A esto se sumó que la Justicia Federal ordenó investigar al ministro de Salud, Mario Lugones, y al titular del PAMI, Esteban Leguízamo, por el presunto incumplimiento de resoluciones vinculadas con la regularización de pagos a prestadores de servicios para personas con discapacidad.

Vilches había expuesto ante la Comisión de Discapacidad de Diputados el 2 de septiembre, pocas semanas antes de su salida. En esa presentación había defendido la gestión oficial y planteado que el objetivo era garantizar las prestaciones “de manera transparente y sostenible”.

Ahora, mientras el Gobierno negocia cómo modificar el capítulo de Discapacidad del Presupuesto 2027 y busca contener las diferencias internas, la Secretaría quedó nuevamente sin conducción definitiva.

La renuncia llegó con una explicación formal de tres palabras —“razones estrictamente personales”—, pero en un momento en el que sobre el área confluyen un ajuste presupuestario que provocó una interna en el oficialismo, una auditoría que detectó una diferencia de más de $158.000 millones en los registros de la ex ANDIS y nuevas investigaciones judiciales sobre el manejo de los recursos destinados a discapacidad.