La jueza Laura De Marinis, titular del Juzgado de Primera Instancia Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N° 3 de la Ciudad de Buenos Aires, declaró la inconstitucionalidad del artículo 1 de la nueva Ley de Régimen Penal Juvenil y sobreseyó a un adolescente de 14 años acusado de una tentativa de robo. Horas después, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció que impulsará su juicio político y ordenó al ministro de Justicia, Gabino Tapia, avanzar con el proceso.

El fallo fue dictado en un caso concreto y no suspendió la vigencia general de la Ley 27.801, que comenzó a regir el 5 de septiembre y establece un régimen de responsabilidad penal para adolescentes desde los 14 años hasta antes de cumplir los 18. La propia Justicia porteña aclaró que la declaración de inconstitucionalidad alcanza exclusivamente al adolescente involucrado en este expediente. La investigación, de hecho, continúa respecto de otros jóvenes de 16 años que participaron del mismo episodio.

Qué pasó con el adolescente de 14 años

El expediente comenzó el 10 de septiembre, cuando un hombre de 47 años denunció que cinco jóvenes habían intentado robarle en la vía pública. La víctima logró escapar y pidió ayuda a un agente de la Policía de la Ciudad, que intervino y permitió detener a los presuntos involucrados. La fiscalía calificó provisoriamente el hecho como robo simple en grado de tentativa.

La defensa oficial planteó la inconstitucionalidad del nuevo régimen. De Marinis rechazó el planteo de incompetencia, pero hizo lugar al cuestionamiento constitucional respecto del adolescente de 14 años y lo sobreseyó.

En sus fundamentos, la magistrada sostuvo que la reducción de la edad de responsabilidad penal implica un retroceso respecto de los estándares de protección de derechos de niños, niñas y adolescentes. También invocó el principio de progresividad y la prohibición de regresividad en materia de derechos humanos.

La jueza también puso el foco en las condiciones particulares del adolescente. Según el informe socioambiental incorporado al expediente, vive con su madre, que padece epilepsia, y con un hermano de 19 años que dejó recientemente su trabajo para asistirla. La familia no tiene conexión a la red de gas, utiliza garrafas y recibe de manera ocasional bolsones de alimentos. El adolescente había interrumpido la escuela luego de una mudanza y manifestó su intención de retomarla y practicar boxeo.

“Como adultos, no podemos castigar a los niños, niñas y adolescentes por lo que no hicimos, por haberlos dejado en desamparo en su primera infancia”, escribió De Marinis. Y agregó: “No pretendo con estas líneas romantizar la infracción penal juvenil, sólo intento señalar que la incorporación al sistema penal tiene que ser el último recurso y, en algunas trayectorias vitales, lamentablemente es el primero”.

La magistrada consideró además que, en este caso, se trató de una tentativa que no llegó a consumarse ni produjo lesiones físicas a la víctima. Por eso entendió que resultaba desproporcionado aplicar una respuesta punitiva y ordenó dar intervención al Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad para establecer un plan de acompañamiento familiar, favorecer la reinserción escolar y facilitar el acceso a actividades recreativas.

La respuesta de Jorge Macri: apelación y juicio político

La reacción del Gobierno porteño fue inmediata. Jorge Macri cuestionó duramente la decisión y anunció que pedirá el juicio político de De Marinis. Además, informó que instruyó al ministro de Justicia, Gabino Tapia, para avanzar con esa presentación.

“Esta sentencia está manchada de sangre. Vamos a pedir inmediatamente juicio político”, sostuvo Macri. También afirmó: “La gente de bien no puede seguir siendo rehén de decisiones que garantizan el delito” y dijo que no iba a pedir perdón por “defender a los porteños de bien”.

En declaraciones posteriores, el jefe de Gobierno calificó el fallo como “una barbaridad” y “una aberración” y sostuvo que la jueza “se extralimita”. Su argumento es que el nuevo régimen no establece necesariamente prisión para todos los adolescentes alcanzados por la ley, sino que contempla distintas medidas, entre ellas tareas comunitarias, tratamientos y seguimiento profesional.

Macri también anticipó que el Gobierno porteño apelará la resolución. Según fuentes judiciales citadas por LA NACION, dentro de los tribunales porteños existe la expectativa de que una eventual apelación sea revisada por la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas.

El juicio político, por su parte, es un mecanismo distinto de la apelación. En la Ciudad, el Consejo de la Magistratura recibe denuncias contra jueces y puede decidir la apertura de un procedimiento de remoción, formulando la acusación correspondiente ante el Jurado de Enjuiciamiento.

También salió a cuestionarla Patricia Bullrich

La resolución generó además una reacción de Patricia Bullrich, una de las principales impulsoras políticas del nuevo régimen penal juvenil. La senadora de La Libertad Avanza sostuvo que “hay jueces que están más preocupados por proteger a los delincuentes que por hacer justicia a las víctimas” y cuestionó que este tipo de decisiones, según su interpretación, favorezcan la impunidad.

El conflicto tiene además un antecedente reciente. En la provincia de Buenos Aires, la jueza Marta Pascual había suspendido durante 60 días la aplicación de la Ley 27.801. Sin embargo, la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora revocó esa decisión y la norma volvió a regir en territorio bonaerense.

Ahora también denunciaron a la jueza

El conflicto sumó este martes un nuevo capítulo. La organización Usina de Justicia presentó dos denuncias contra De Marinis por su decisión: una ante el Consejo de la Magistratura porteño por supuesto mal desempeño y otra en la Justicia penal por presunto prevaricato.

La denuncia penal no implica que el delito esté probado ni que exista una declaración de responsabilidad contra la magistrada. Se trata de una presentación de la organización que deberá ser analizada por las autoridades competentes.

Así, un fallo que originalmente estaba limitado a la situación de un adolescente de 14 años pasó en pocas horas a convertirse en un nuevo frente de conflicto entre la política porteña y la Justicia. Mientras la resolución sigue su camino por la vía judicial, el Gobierno de Jorge Macri busca impugnarla y anunció además que intentará avanzar contra la magistrada por la vía institucional.