El fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, solicitó la declaración indagatoria del exdiputado José Luis Espert, del contador Mariano Cosentino y de una firma que habría sido utilizada en las maniobras bajo investigación.

La causa gira alrededor de la relación del libertario con Federico “Fred” Machado, un empresario radicado en Estados Unidos que admitió haber participado en operaciones de lavado de dinero y que además fue investigado por presuntos vínculos con maniobras de narcotráfico. Según surge del expediente, una de las claves de la pesquisa es una transferencia de u$s200.000 que Machado envió al dirigente liberal en 2020.

La explicación brindada por Espert fue que el dinero correspondía a un contrato de consultoría vinculado a una explotación minera en Guatemala. Sin embargo, la fiscalía puso en duda esa versión. Según el dictamen, el exlegislador nunca viajó a ese país, las minas vinculadas al supuesto asesoramiento no se encontraban operativas y tampoco existen evidencias concretas de que haya realizado tareas profesionales relacionadas con ese acuerdo.

De acuerdo con lo que contó Ariel Zak en C5N, el contrato habría funcionado como una cobertura formal para justificar el ingreso de fondos cuyo origen y finalidad real son objeto de análisis.

El expediente sostiene que, tras recibir esa suma, se produjo un marcado cambio en el nivel de vida de Espert y su entorno familiar. La fiscalía menciona la compra de vehículos de alta gama, entre ellos un BMW y otro automóvil adquirido para su esposa, además de inversiones en instrumentos financieros y aportes a un fideicomiso inmobiliario.

Pero uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores fue la mecánica utilizada para incorporar dinero al sistema bancario. De acuerdo con la hipótesis fiscal, el exdiputado habría contado con una importante cantidad de dólares en efectivo que luego eran cambiados de manera informal a pesos.

Esos fondos, siempre según la reconstrucción de la fiscalía, eran depositados en numerosas operaciones de bajo monto para evitar alertas y permitir el pago de gastos corrientes. El análisis de las cuentas reveló meses con decenas de depósitos individuales que, sumados, permitían cubrir consumos con tarjetas de crédito y otros compromisos financieros incompatibles con los ingresos declarados.

La sospecha es que se trató de una operatoria de “pitufeo” o fragmentación de depósitos, una metodología frecuentemente investigada en causas de lavado de activos porque busca introducir dinero al circuito formal mediante múltiples acreditaciones pequeñas en lugar de una única operación de gran volumen.

Los investigadores sostienen que el patrimonio y el nivel de gastos detectados no guardarían relación con los ingresos formalmente registrados por Espert tanto antes como durante su paso por la Cámara de Diputados.

Además, la fiscalía también analiza el vínculo previo entre el economista y Machado. En otro expediente que tramita en los tribunales federales de Comodoro Py se investigan los aportes logísticos que el empresario habría realizado durante la campaña presidencial de Espert en 2019, incluyendo la provisión de aeronaves y vehículos para actividades proselitistas.

Mientras tanto, el juez federal Lino Mirabelli mantiene vigente la medida de no innovar sobre los bienes de Espert, su esposa y el hijo de ella, una restricción que les impide realizar operaciones patrimoniales hasta que se definan los próximos pasos procesales.

Ahora la atención está puesta en la decisión del magistrado sobre el pedido de indagatoria. Si el juez hace lugar a la solicitud del fiscal, el dirigente liberal deberá presentarse formalmente en el expediente para responder por las sospechas que pesan sobre él en una investigación que, según los investigadores, apunta a determinar si el dinero recibido desde Estados Unidos fue posteriormente incorporado al circuito legal mediante un esquema de presunto lavado de activos.