El Senado de Paraguay rechazó el pedido de prórroga de Santiago Peña y avanza el juicio político
El presidente de Paraguay, Santiago Peña, no se presentó este viernes ante el Senado para ejercer su defensa en el juicio político que busca destituirlo por su presunta responsabilidad en la crisis de Ueno Bank. La Cámara Alta había rechazado por amplia mayoría su pedido de una prórroga de 72 horas y le había concedido un último plazo para comparecer. Pese a que el mandatario había anunciado que enfrentaría el proceso, finalmente no acudió y los legisladores resolvieron continuar con el procedimiento.
La votación para rechazar la prórroga terminó con 39 votos en contra y apenas tres a favor, mientras dos senadores no registraron su voto. Peña había argumentado que recibió la notificación de la acusación a las 22:15 del jueves, junto con un documento de 15 páginas y alrededor de 300 fojas de anexos. Sostuvo que menos de 12 horas no alcanzaban para preparar una defensa adecuada y advirtió que se vulneraba su derecho al debido proceso. La mayoría del Senado, sin embargo, decidió no concederle más tiempo.
Después de la ausencia del mandatario, los legisladores avanzaron con el cierre de la instancia prevista para su comparecencia y dieron paso a la continuidad de la acusación. Los abogados de Peña cuestionaron el procedimiento y amenazaron con recurrir a la Corte Suprema y a organismos internacionales, al considerar que no se respetaron las garantías de defensa. El conflicto abre un nuevo frente institucional en un país atravesado por una crisis política y financiera.
El juicio político se puso en marcha luego de que la Cámara de Diputados aprobara por unanimidad la acusación contra Peña, con 78 votos a favor. Ocho legisladores fueron designados como fiscales acusadores para sostener los cargos ante el Senado. El escrito apunta a cinco ejes: los vínculos económicos del Presidente con el Grupo Vázquez, relacionado con Ueno Bank; nombramientos que habrían comprometido la independencia de los organismos de control; cambios en las reglas de inversión; concentración de fondos de trabajadores en la entidad y presuntas advertencias sobre la situación bancaria que no habrían recibido una respuesta adecuada. Se trata de acusaciones políticas que deberán ser evaluadas por el tribunal legislativo.
El escándalo estalló después de que el Banco Central de Paraguay activara el procedimiento de resolución de Ueno Bank, tras detectar problemas de solvencia. La medida dejó a casi tres millones de clientes sin acceso normal a sus cuentas y servicios. La entidad había recibido importantes fondos de organismos públicos, incluidos recursos vinculados al sistema previsional. La crisis también puso bajo la lupa los vínculos de Peña con el Grupo Vázquez, del que fue accionista hasta marzo de 2025, y el nombramiento de funcionarios relacionados con el sector financiero. La Fiscalía abrió investigaciones y exdirectivos del banco enfrentan causas penales.
La renuncia que Peña anunció el jueves tampoco se hizo efectiva. La sesión del Congreso convocada para tratarla quedó sin cuórum después de que legisladores abandonaran el recinto. Por eso, el mandatario continúa formalmente en la Presidencia mientras avanza el juicio político. Si el Senado lo encuentra culpable, necesitará al menos 30 votos de sus 45 integrantes para destituirlo. En ese escenario, el vicepresidente Pedro Alliana asumiría la jefatura del Estado.
La crisis ya provocó renuncias en organismos clave, investigaciones judiciales y protestas de ahorristas que reclaman recuperar su dinero. Mientras miles de usuarios siguen afectados por la intervención bancaria, el futuro político de Peña quedó en manos de un Senado que decidió acelerar el proceso y que ahora deberá resolver si lo destituye. Paraguay enfrenta así una de sus mayores crisis institucionales de los últimos años, con un presidente que anunció su salida, pero que todavía no dejó el cargo y ahora ni siquiera se presentó ante el tribunal que debe juzgarlo.
