Malvinas: el Tribunal del Mar convocó a la Argentina y al Reino Unido a una audiencia la próxima semana
El Gobierno de Javier Milei llevará al Reino Unido ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar el próximo 10 y 11 de noviembre, en una audiencia clave para intentar frenar la explotación petrolera en la Cuenca Malvinas Norte. La Argentina solicitó medidas provisionales para impedir que empresas vinculadas a capitales británicos e israelíes avancen con el proyecto Sea Lion, ubicado en aguas cuya jurisdicción reclama nuestro país. La audiencia se realizará en Hamburgo, Alemania, y será el primer paso de una disputa internacional que puede tener consecuencias sobre los recursos naturales del Atlántico Sur.
La presentación argentina fue realizada el 13 de octubre, después de que el Reino Unido rechazara el reclamo diplomático para detener las actividades. El país pidió que se prohíba autorizar o continuar la explotación petrolera, que no se utilice información obtenida durante la exploración en perjuicio de los derechos argentinos, que se proteja el medio marino y que no se otorguen nuevas licencias mientras dure la controversia. El objetivo es evitar que la extracción de hidrocarburos avance y genere una situación irreversible antes de que se resuelva el conflicto de fondo.
El proyecto cuestionado es Sea Lion, operado por la petrolera israelí Navitas Petroleum, que posee el 65%, y la británica Rockhopper Exploration, con el 35% restante. Está previsto que la producción comience en 2028, aunque las empresas ya preparan las tareas de perforación e infraestructura. El yacimiento se encuentra a unos 200 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. La Argentina sostiene que las licencias fueron otorgadas unilateralmente por las autoridades isleñas y que la explotación vulnera sus derechos soberanos sobre la plataforma continental.
La delegación argentina estará encabezada por María Ibarzabal Murphy, secretaria Legal y Técnica de la Presidencia. También participarán el embajador Mario Oyarzábal, representantes de Cancillería y especialistas en derecho internacional, entre ellos Marcelo Kohen, Nico Schrijver y Agustín Giustiniani. La jueza argentina Frida María Armas Pfirter integra el Tribunal del Mar, aunque su participación en el caso deberá ajustarse a las reglas del organismo. Por su parte, el Reino Unido designó como juez ad hoc al profesor Vaughan Lowe.
Las audiencias serán públicas y tendrán dos jornadas. El martes 10, la Argentina expondrá entre las 10 y las 13, hora de Hamburgo, y el Reino Unido responderá de 15 a 18. El miércoles 11 habrá una segunda intervención argentina entre las 10.30 y las 12, mientras que la representación británica cerrará las presentaciones entre las 17.30 y las 19. El tribunal deberá evaluar si tiene jurisdicción para intervenir de manera provisional y si existe urgencia suficiente para ordenar medidas mientras se constituye el tribunal arbitral que resolverá la controversia principal.
El reclamo argentino también incluye argumentos ambientales. La presentación advierte sobre el riesgo de derrames y posibles daños al ecosistema marino, y cita documentos de contingencia de las propias operadoras que contemplan escenarios en los que el petróleo podría alcanzar aguas argentinas. Además, cuestiona la experiencia de las empresas para operar un campo de producción offshore. Para Buenos Aires, la explotación unilateral no solo afecta sus derechos sobre los recursos naturales, sino que puede provocar daños que después resulten imposibles de reparar.
El Reino Unido, sin embargo, ya anticipó que no considera ilegales las actividades petroleras y sostiene que las licencias fueron otorgadas por las autoridades de las islas. El Gobierno británico confirmó que participará de las audiencias y afirmó que cumplirá cualquier decisión vinculante del tribunal, aunque también advirtió que no modificará su posición sobre la explotación de hidrocarburos. La disputa vuelve a exponer el conflicto de soberanía que permanece abierto desde 1833 y que tuvo su capítulo bélico en 1982.
La decisión sobre las medidas provisionales podría conocerse entre dos y cuatro semanas después de las audiencias. El tribunal puede aceptar el pedido argentino, conceder solo algunas de las medidas o rechazarlas. No se trata todavía de una resolución sobre la soberanía de las Malvinas, sino de determinar si corresponde frenar temporalmente las operaciones petroleras mientras se tramita el arbitraje. En juego están los derechos argentinos sobre los recursos del Atlántico Sur y el avance de un proyecto que podría comenzar a extraer petróleo en menos de dos años.
