Discapacidad: convocan a marchar al Congreso contra el proyecto de Milei
Las organizaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad convocaron a una movilización frente al Congreso para este miércoles a las 11, en rechazo al proyecto del Gobierno de Javier Milei sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad. El reclamo apunta contra un texto que obtuvo dictamen de mayoría en Diputados, pero que, según advierten las entidades del sector, no garantiza la continuidad de las prestaciones y puede representar un retroceso en derechos conquistados.
La convocatoria fue impulsada por el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad. La protesta coincidirá con el debate parlamentario de la iniciativa y buscará presionar a los legisladores para que no avalen cambios que debiliten las protecciones previstas en la normativa vigente.
El conflicto se arrastra desde que el Gobierno intentó frenar la ley sancionada por el Congreso y resistió su implementación. Tras el veto presidencial y la insistencia parlamentaria, la Justicia ordenó avanzar con su aplicación. Sin embargo, las organizaciones denuncian que el Ejecutivo continúa sin resolver de manera suficiente los problemas de financiamiento que afectan al sistema y a quienes dependen de sus servicios.
Uno de los puntos centrales de la disputa es el sostenimiento de las prestaciones básicas. Los prestadores vienen alertando sobre aranceles insuficientes, dificultades para cubrir costos y atrasos que ponen en riesgo la continuidad de tratamientos, acompañamientos y servicios esenciales. Para las familias, cualquier recorte o pérdida de previsibilidad puede traducirse en interrupciones que afectan directamente la vida cotidiana de las personas con discapacidad.
Las entidades también cuestionan aspectos del proyecto oficial vinculados con las pensiones no contributivas, la actualización de los aranceles y la cobertura de Incluir Salud. Advierten que una prórroga de la emergencia no alcanza si al mismo tiempo se debilitan los mecanismos que permiten financiar las prestaciones y garantizar el acceso a derechos básicos.
La movilización vuelve a poner en evidencia la distancia entre el discurso oficial sobre la administración de los recursos públicos y las consecuencias concretas del ajuste sobre sectores que necesitan acompañamiento estatal. El reclamo de las organizaciones es que la emergencia se traduzca en financiamiento efectivo, pagos suficientes y garantías concretas, no en una modificación legal que deje a las personas con discapacidad y a sus familias frente a una mayor incertidumbre.
