Nuevo revés para Espert: la Justicia rechazó su intento de frenar la causa por lavado de activos
La Cámara Federal de San Martín rechazó los planteos de nulidad presentados por la defensa de José Luis Espert y dejó vigentes las medidas de prueba de la causa por presunto lavado de activos. La investigación busca determinar el origen y el destino de los 200.000 dólares que el exdiputado recibió de una empresa vinculada al empresario Federico “Fred” Machado, investigado en Estados Unidos por delitos financieros y vinculado a una causa por narcotráfico.
Los jueces Néstor Barral y Alberto Lugones concluyeron que la defensa no logró demostrar irregularidades que justificaran anular las actuaciones ni una vulneración concreta del derecho de defensa. Entre los cuestionamientos, los abogados de Espert objetaron testimonios tomados sin su notificación previa, informes patrimoniales, documentación reservada y peritajes sobre dispositivos electrónicos. Para el tribunal, los planteos no acreditaron un perjuicio concreto que justificara invalidar la investigación.
El expediente se centra en una transferencia de dinero que Espert explicó como el pago por un supuesto trabajo de consultoría para la empresa guatemalteca Minas del Pueblo, relacionada con Machado. La fiscalía puso en duda esa explicación y sostiene que el contrato habría servido para justificar el ingreso de fondos de origen ilícito. Espert, por su parte, rechaza la acusación y sostiene que se trató de un servicio profesional real.
El nuevo fallo no determina la culpabilidad del exlegislador, pero sí representa un revés para su estrategia judicial: las medidas cuestionadas seguirán siendo válidas y la causa podrá avanzar con la prueba reunida hasta el momento. La defensa había buscado invalidar parte de esas actuaciones, entre ellas la obtención de información bancaria y patrimonial, pero la Cámara consideró que no había fundamentos suficientes para hacerlo.
En una resolución paralela, el tribunal también rechazó una queja de la defensa para intentar apartar al fiscal federal Fernando Domínguez, quien continúa al frente de la investigación. Los abogados habían alegado una supuesta pérdida de objetividad del funcionario, pero la Cámara entendió que no se acreditó un perjuicio irreparable que habilitara la revisión de esa decisión.
La causa tiene ahora un punto clave pendiente: el juez federal Lino Mirabelli debe resolver el pedido de procesamiento que presentó la fiscalía. Mientras tanto, el rechazo de los planteos de nulidad deja en pie la investigación sobre los 200.000 dólares y las operaciones patrimoniales que los investigadores buscan esclarecer.
