Kicillof lleva a Milei y Caputo a la Justicia por frenar obras contra las inundaciones: $340.000 millones bajo la lupa
El gobierno de Axel Kicillof anunció que denunciará penalmente al presidente Javier Milei, al ministro de Economía, Luis Caputo, y a los funcionarios que pudieran tener responsabilidad por la falta de ejecución de los recursos destinados a prevenir inundaciones. La presentación apunta a presuntos delitos de malversación de fondos públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otras figuras. La acusación es que el Gobierno nacional retiene recursos afectados a obras hidráulicas mientras crece la preocupación por los efectos del fenómeno de El Niño.
El anuncio lo realizó el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, durante una conferencia de prensa en La Plata, acompañado por el ministro de Gobierno, Carlos Bianco. Según los datos presentados por la Provincia, el Fondo Hídrico contaba con $339.993 millones al cierre del primer trimestre de 2026. De ese total, $290.676 millones —el 85,49%— se habían destinado a Letras del Tesoro, de acuerdo con la información oficial bonaerense.
El fondo se financia con una parte del impuesto a los combustibles y tiene como objetivo sostener obras para prevenir inundaciones y recuperar tierras productivas. Katopodis denunció que el Gobierno nacional utiliza apenas uno de cada tres pesos disponibles y cuestionó que los recursos no se traduzcan en infraestructura para proteger a la población. La Provincia sostiene que con ese dinero podrían haberse ejecutado obras fundamentales para reducir el riesgo hídrico en distintos puntos del territorio.
Obras paralizadas y créditos que no llegan
Uno de los principales reclamos apunta a los avales que la Nación debe autorizar para que Buenos Aires pueda acceder a financiamiento internacional. Según el gobierno provincial, mientras otras diez jurisdicciones recibieron avales para 18 préstamos por un total de US$1.973 millones, la administración bonaerense sigue esperando autorizaciones para proyectos hidráulicos considerados prioritarios.
Entre las obras mencionadas están los trabajos en las cuencas de los arroyos San Francisco y Las Piedras, en el conurbano bonaerense, y las intervenciones previstas en la cuenca del río Salado. También permanece pendiente un crédito de US$200 millones del Banco Mundial destinado a infraestructura para prevenir inundaciones.
Katopodis cuestionó además que recursos y créditos previamente aprobados para obras hídricas se hayan utilizado, según denunció, para refinanciar deuda. “Obras hídricas no, pero timba financiera sí”, planteó el ministro, al resumir las críticas de la Provincia a las prioridades del equipo económico nacional.
La amenaza de El Niño agrava la preocupación
La disputa se produce en un momento de alerta por las consecuencias que podría tener el fenómeno climático de El Niño durante los próximos meses. Las lluvias intensas y las inundaciones que ya afectan a distintas zonas del país mantienen en alerta a las autoridades provinciales, que advierten sobre la vulnerabilidad de las áreas que dependen de obras de drenaje, canalización y control de las cuencas.
“Vamos a tener que afrontar en las próximas semanas y en los próximos meses una situación muy, pero muy grave”, advirtió Katopodis. El funcionario sostuvo que la falta de ejecución de los recursos y la demora en habilitar el financiamiento internacional pueden comprometer la capacidad de respuesta frente a eventuales emergencias.
La denuncia todavía deberá presentarse y los delitos mencionados son acusaciones que tendrán que ser investigadas por la Justicia. Pero el reclamo plantea una cuestión concreta: si los fondos recaudados para prevenir inundaciones están disponibles, ¿por qué no se convierten en obras que reduzcan el riesgo para la población?
La ofensiva judicial vuelve a poner en el centro el enfrentamiento entre la Casa Rosada y la administración bonaerense. Para Kicillof, no se trata solamente de una disputa presupuestaria con Milei y Caputo, sino de la obligación de utilizar recursos afectados a infraestructura esencial. En una provincia expuesta a inundaciones, la demora en las obras puede tener consecuencias que van mucho más allá de la pelea política.
