Con la ayuda de los jueces que lo visitaban en Olivos, Macri consiguió que se cierre la causa por el préstamo del FMI
La Justicia cerró definitivamente la investigación por el préstamo de US$ 57.100 millones que el gobierno de Mauricio Macri tomó del Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018. La decisión de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal fue firmada por Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Javier Carbajo, y dejó sin posibilidad de revisión por esta vía una causa que investigaba presuntas irregularidades en el endeudamiento y el destino de las divisas.
El cierre llegó después de que el fiscal ante Casación, Raúl Pleé, desistiera de sostener el recurso que buscaba mantener abierta la investigación. Esa decisión dejó sin impulso fiscal la apelación presentada por sus colegas de instancias anteriores. Los camaristas rechazaron los últimos planteos para revisar el expediente y descartaron que pudiera avanzar hacia la Corte Suprema.
El caso tiene un dato especialmente controvertido: Borinsky y Hornos mantuvieron encuentros con Macri durante su presidencia, incluso en la Quinta de Olivos. Según las investigaciones periodísticas de El Destape, Borinsky visitó la residencia presidencial en numerosas ocasiones, algunas registradas como encuentros para jugar al pádel o al tenis. Hornos también tuvo reuniones con el entonces mandatario y habló de una “relación social de años”. Carbajo, por su parte, llegó a Casación durante el gobierno de Cambiemos, tras ser designado en 2018.
Los tres jueces rechazaron los pedidos de recusación presentados contra ellos. Consideraron que no había elementos objetivos suficientes para sostener una sospecha de parcialidad. Sin embargo, sus antecedentes y vínculos con el expresidente vuelven a poner bajo cuestionamiento la confianza pública en una decisión judicial que beneficia a Macri y a exfuncionarios de su gobierno.
Una investigación que no llegó a revisar Casación
La causa había sido archivada en febrero de 2026 por la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien sostuvo que no existía delito. En septiembre, los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi confirmaron esa decisión. El fiscal Franco Picardi había cuestionado el archivo y sostenido que las pruebas debían analizarse de manera integral; luego, José Luis Agüero Iturbe intentó llevar la discusión a Casación.
Pero Pleé desistió de continuar con el recurso. Su postura fue determinante para el desenlace: sin una acusación fiscal sostenida ni una parte querellante habilitada para mantener abierta esa vía, la causa quedó definitivamente cerrada.
El contraste entre los fiscales también quedó expuesto. Mientras Picardi y Agüero Iturbe habían planteado que existían elementos que justificaban seguir investigando, Pleé consideró que las hipótesis no encontraban respaldo suficiente en las pruebas reunidas. La Cámara terminó de clausurar el expediente sin examinar el fondo de aquellas objeciones en una instancia superior.
Las sospechas sobre la deuda y el destino de los dólares
La investigación buscaba determinar si el acuerdo con el FMI se había concretado con irregularidades administrativas y legales, y si los dólares habían sido utilizados para favorecer la fuga de capitales y a grupos privados. Entre los funcionarios investigados figuraban Macri, el entonces ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, Luis Caputo y Federico Sturzenegger, además de otros integrantes del equipo económico y autoridades del Banco Central.
El fiscal Picardi había señalado presuntas anomalías en el procedimiento para tomar el préstamo, entre ellas la falta de documentación previa suficiente y de intervenciones administrativas que, según su planteo, correspondían. También cuestionó la ausencia de controles adecuados sobre el destino de las divisas y sostuvo que parte del expediente administrativo se habría confeccionado después de firmado el acuerdo.
Un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) citado en la causa estimó un posible perjuicio patrimonial para el Estado de US$ 29.618 millones. Esa cifra integró los argumentos de la acusación, pero no fue establecida como daño probado por una sentencia penal.
El préstamo, inicialmente anunciado por US$ 50.000 millones, fue ampliado a US$ 57.100 millones. Su impacto económico y las dudas sobre el destino de los fondos estuvieron en el centro de una investigación que ahora termina sin que Casación revise aquellas hipótesis.
Un cierre que deja preguntas abiertas
El fallo no constituye una condena ni una declaración judicial de que los funcionarios hayan cometido los delitos investigados. Lo que determina es el cierre definitivo de esta causa, después del archivo de primera instancia, su confirmación en la Cámara Federal y el desistimiento del recurso fiscal.
La decisión deja sin una revisión de fondo en Casación los planteos sobre la legalidad del endeudamiento, el procedimiento administrativo y el uso de los dólares. La deuda quedó, pero la investigación judicial sobre las presuntas irregularidades no llegará a la Corte por esta vía.
