En el marco de la investigación por las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el juez federal Ariel Lijo, a cargo temporalmente del juzgado que antes lideraba Sebastián Casanello, ordenó un peritaje oficial sobre las grabaciones de audio donde se menciona el cobro de presuntos sobornos equivalentes al 3% en las compras oficiales de medicamentos de alto costo.

El principal implicado en la causa, el ex director de la Andis Diego Spagnuolo, sostiene que las piezas de audio difundidas a través del canal de streaming Carnaval son falsas. Ante este escenario, la Gendarmería Nacional será la encargada de realizar el estudio informático y acústico para determinar la autenticidad, integridad y procedencia de la prueba digital.

La representación legal del ex funcionario, encabezada por el abogado Mauricio D’Alessandro, busca demostrar que las grabaciones sufrieron alteraciones y montajes maliciosos con el objetivo de impugnar su validez legal y solicitar la nulidad de las actuaciones. Para ello, la defensa designó como perito de parte al ingeniero informático y especialista forense Marcelo Torok.

El consultor técnico presentó un pliego de diez puntos de pericia orientados a auditar la cadena de custodia del material y verificar si existen saltos temporales o ediciones digitales. La hipótesis de la defensa señala que el archivo constituye un ensamble artificial de diálogos tomados en ambientes públicos combinados con fragmentos de llamadas telefónicas.

De hecho, los abogados aportaron un informe privado previo realizado en España que aduce un 65% de probabilidades de manipulación mediante herramientas de Inteligencia Artificial.

En paralelo, el fiscal Franco Picardi designó a cinco especialistas de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) para controlar la medida, mientras que las firmas farmacéuticas y los empresarios involucrados en el expediente también sumaron sus propios técnicos.

A pesar de la centralidad mediática de las grabaciones, las autoridades judiciales aclararon que la causa no se sostiene de forma exclusiva en dicho material, sino que cuenta con un andamiaje de pruebas documentales e informáticas independientes.

Spagnuolo ya se encuentra procesado sin prisión preventiva por los delitos de asociación ilícita, fraude al Estado, cohecho pasivo y negociaciones incompatibles, bajo un embargo de 202.000 millones de pesos.

La hipótesis del Ministerio Público Fiscal describe una estructura cartelizada donde ex funcionarios de la Andis direccionaban las licitaciones públicas. La pesquisa detectó sobreprecios millonarios no solo en remedios complejos, sino también en insumos ortopédicos básicos como andadores.

Hasta el momento, la acción penal no avanzó sobre los familiares del Poder Ejecutivo mencionados en las escuchas de streaming. Sin embargo, la investigación avanza sobre los supuestos canales de lavado de dinero de la red corporativa. Para este miércoles, la fiscalía citó a indagatoria al empresario Alan Pocoví, sospechado de movilizar importantes sumas de divisas y canalizar los fondos desviados del organismo estatal hacia la compra de criptomonedas.