En el marco de la investigación judicial sobre las operaciones inmobiliarias del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la fiscalía citó a declarar a cuatro mujeres que habrían otorgado préstamos en dólares a través de hipotecas privadas para la compra de dos propiedades en Caballito.

La medida fue impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita y alcanza a Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, vinculadas a la adquisición del departamento de la calle Miró donde reside actualmente el funcionario. También fueron convocadas Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio, quienes figuran en la operación de otro inmueble ubicado sobre la calle Asamblea.

De acuerdo al cronograma dispuesto, Sbabo y Viegas deberán presentarse el jueves 9, mientras que Molina y Cancio fueron citadas para el lunes 13.

El foco de la investigación está puesto en la compra de un departamento realizada por Adorni el 18 de noviembre de 2025 por 230.000 dólares. La operación generó sospechas por dos factores: el valor, considerado por debajo del mercado para una propiedad de casi 200 metros cuadrados en esa zona, y el origen del financiamiento, ya que dos jubiladas habrían aportado cerca del 87% del monto a través de préstamos.

Ese inmueble pertenecía a las propias Viegas y Sbabo, y anteriormente había sido propiedad del exfutbolista Hugo Morales, quien también fue citado a declarar en el expediente.

La causa no se limita a esa operación y, según documentación incorporada, Adorni también hipotecó otra propiedad en la que vivía con su familia, ubicada en la calle Asamblea, y obtuvo a cambio un préstamo de 100.000 dólares por parte de Molina y Cancio.

En este contexto, este martes declaró Hugo Morales, quien confirmó que había adquirido el departamento en 1996 por 200.000 dólares. Su testimonio, realizado de manera virtual, no aportó elementos nuevos relevantes para la causa, según fuentes judiciales.

El expediente está a cargo del juez federal Ariel Lijo, mientras la fiscalía busca reconstruir el origen de los fondos utilizados en las operaciones para determinar si son compatibles con el patrimonio declarado por el funcionario.