El caso del conductor no es aislado. Desde noviembre de 2023, la Argentina perdió más de 354.000 puestos de trabajo asalariados registrados hasta junio de 2026, según datos oficiales del sistema de seguridad social difundidos por la prensa económica.
A eso se suma el avance de la informalidad. El INDEC registró una tasa de empleo informal del 43% en el cuarto trimestre de 2025, frente al 41,4% del mismo período de 2023. Es decir, casi 43 de cada 100 personas ocupadas trabajaban en condiciones informales en los aglomerados urbanos relevados.
No se trata de una discusión abstracta sobre contratos: estar registrado implica aportes jubilatorios, cobertura de salud y derechos laborales que pueden quedar comprometidos cuando una relación de dependencia se reemplaza por un esquema de facturación.
Pasar a facturar no significa automáticamente trabajar en negro, pero tampoco alcanza con cambiar el nombre del contrato para que desaparezcan las obligaciones laborales. La situación concreta depende de cómo se desarrolla el vínculo de trabajo.
La precarización también alcanza a quienes apoyan al Gobierno
Funes sostuvo que estas situaciones les pasan a muchos argentinos. Y ahí está, justamente, el punto: el problema excede su caso personal. Mientras miles de trabajadores enfrentan despidos, pérdida de derechos o empleos sin registrar, el conductor ahora reclama condiciones que considera legítimas para sí mismo.
Su respaldo a Milei no le quita el derecho a defender su empleo ni a cuestionar una decisión empresarial. Pero sí expone una contradicción política: apoyar un modelo de país y descubrir sus consecuencias cuando afectan la propia estabilidad laboral no es lo mismo que advertirlas cuando les pasan a los demás.
Por ahora, la negociación con Telefe sigue abierta. Lo que todavía no está resuelto es cómo terminará el conflicto del periodista. Lo que sí muestran las estadísticas es que la pérdida de empleo registrado y el crecimiento de la informalidad son problemas mucho más amplios que una disputa televisiva.