La titular de la cartera de Seguridad vinculó de forma directa la crisis de salud mental con las urgencias económicas de los efectivos. En ese sentido, reveló que su equipo evalúa herramientas específicas para brindar “ayudas financieras” frente a los “niveles de endeudamiento formal e informal al interior de las Fuerzas”.

Al profundizar sobre la vulnerabilidad financiera, Monteoliva describió la complejidad social de los agentes. “A veces son familias en paralelo y otras veces es el único que tiene un recibo de sueldo y sirve de garante en el seno familiar”, remarcó la funcionaria.

Respecto del reclamo por los bajos salarios del sector, la ministra confirmó la existencia de gestiones conjuntas con el ministro de Defensa, Carlos Presti, ante la Jefatura de Gabinete y el equipo económico. El objetivo prioritario radica en conseguir mejoras de haberes que atenúen el impacto de la inflación en la tropa.

Monteoliva expresó su intención de acelerar una respuesta económica para las fuerzas federales. “Yo quisiera que todos nuestros efectivos tengan lo que necesitan en el bolsillo, pero estamos en un contexto donde nos toca que esas decisiones respondan a lo que se trabaja con el equipo económico”, aclaró la titular de Seguridad.

Tras el otorgamiento previo de una suma fija de $50.000 para el personal en actividad, la ministra se refirió a la brecha de ingresos con las policías provinciales. La estrategia oficial busca aplicar un porcentaje general que incluya a retirados, con un foco especial en los agentes desplegados en tareas de calle.

Finalmente, la funcionaria descartó el uso de ciertos términos habituales al momento de encarar la discusión presupuestaria con el área económica. “Nosotros no hablamos de aumento porque sabemos que es recomposición”, concluyó Monteoliva sobre la política salarial del Ministerio.