De acuerdo a lo informado por el Gobierno, la privatización de Belgrano Cargas y Logística S.A. se dividirá en tres áreas. Por un lado, las vías e inmuebles serán concesionados a dos compañías que deberán mantener la infraestructura y podrán cobrar peajes. En cuanto a los talleres, quedarán en manos de otros dos operadores por medio siglo, encargados de reparar y poner a punto las formaciones; y el material rodante —locomotoras y vagones— será vendido en remate público, con la obligación de reacondicionamiento por parte de los compradores, que luego podrán alquilarlos.
El proceso ya tiene fechas definidas: los pliegos se publicarán en el Boletín Oficial y plataformas internacionales; las ofertas podrán presentarse hasta el 11 de noviembre a las 9:59 y los sobres se abrirán ese mismo día después de las 10. Todo se canalizará a través de la plataforma CONTRAT.AR, además del Banco Mundial (DGMarket) y la web del Ministerio de Economía.
La red ferroviaria estatal tiene bajo su órbita 7.600 kilómetros de vías repartida en tres líneas (General San Martín, General Urquiza y General Belgrano) que recorren la Ciudad y provincia de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Mendoza, San Juan, San Luis y Catamarca.
El Gobierno busca atraer inversiones privadas al Belgrano Cargas ofreciendo a los futuros adjudicatarios el acceso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), un esquema que promete beneficios fiscales y financieros para quienes apuesten por el sector. La idea oficial es que este mecanismo genere mayor interés, más competencia en las ofertas y, en consecuencia, mejores condiciones para el desarrollo de la red ferroviaria.
En la práctica, la decisión implica que el Estado se retira del negocio del transporte de cargas y transfiere toda la operación al sector privado por medio de contratos de medio siglo. Los concesionarios manejarán desde las vías hasta los trenes, con la expectativa de mejorar la eficiencia y atraer capital. Sin embargo, también supone que el control estatal sobre un servicio estratégico desaparece, dejando en manos de empresas privadas la gestión de un sistema clave para la logística nacional.