Milei suspendió a más de 7.000 cooperativas y mutuales: denuncian un nuevo golpe al trabajo y la producción
El Gobierno de Javier Milei suspendió la autorización para funcionar de 7.206 cooperativas y mutuales de todo el país, en el marco de una resolución que alcanza a más de 9.000 entidades. La medida del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) restringe trámites administrativos por incumplimientos en la presentación de documentación y estados contables. Desde la provincia de Buenos Aires denuncian que el Ejecutivo aplica sanciones sin ofrecer mecanismos suficientes para que las organizaciones regularicen su situación, con consecuencias potenciales sobre el empleo y la actividad productiva.
La Resolución 2076/2026 comprende a 9.083 entidades: 8.210 cooperativas y 873 mutuales. Según los datos difundidos por el sector, 7.206 quedaron suspendidas, 1.299 fueron intimadas a presentar documentación y 578 están exceptuadas de la medida. El 40% de las organizaciones alcanzadas corresponde a la provincia de Buenos Aires.
El problema no se limita a una cuestión burocrática. Las cooperativas sostienen puestos de trabajo, producen bienes, prestan servicios y, en muchos casos, permiten que trabajadores mantengan en funcionamiento empresas que cerraron o fueron abandonadas por sus propietarios. Con la autorización suspendida, las entidades enfrentan restricciones para realizar gestiones ante el organismo nacional, mientras se abren actuaciones sumariales para determinar eventuales sanciones.
Gildo Onorato, titular del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo bonaerense (IPAC), denunció que el Gobierno combina las suspensiones con una falta de asistencia para cumplir los requisitos. “Compartimos la idea de la transparencia y de que la documentación tiene que estar al día, pero tiene que haber algún tipo de propuesta, algún programa que simplifique el acceso a estos cumplimientos del INAES, cosa que no hay”, sostuvo en diálogo con El Destape.
El dirigente también aseguró que el Tesoro nacional mantiene una deuda de $125.000 millones con las provincias, correspondiente a recursos que, según denunció, deberían destinarse a políticas de promoción del cooperativismo. Para Onorato, la combinación entre la falta de esos fondos y las restricciones administrativas debilita a las organizaciones que generan empleo y sostienen actividades en sus comunidades.
La resolución contempla vías para regularizar la situación: las entidades suspendidas pueden recuperar la autorización cuando presentan la documentación adeudada y completan los trámites que correspondan. Sin embargo, el cuestionamiento de las provincias apunta a que el Estado nacional sanciona antes de ofrecer herramientas de acompañamiento para que las organizaciones puedan cumplir con las obligaciones.
Además, Onorato advirtió sobre posibles errores en la aplicación de la norma. Afirmó que 398 instituciones suspendidas habrían recibido su matrícula durante 2026, por lo que pidió revisar esos casos. La denuncia requiere un análisis individual de las entidades alcanzadas, pero pone en discusión la implementación de una medida que afecta a miles de organizaciones.
El Gobierno de Milei sostiene la necesidad de ordenar y fiscalizar el padrón de cooperativas y mutuales. Pero el interrogante de fondo es qué ocurre cuando una política de control bloquea la operatoria de organizaciones que sostienen puestos de trabajo, en un contexto de caída del consumo y dificultades para mantener la producción.
Mientras el oficialismo exige ajustes en todos los niveles, miles de cooperativas quedan bajo restricciones que pueden comprometer su funcionamiento y el ingreso de sus trabajadores. Para el sector cooperativo, el problema no es la obligación de presentar balances, sino que las sanciones lleguen sin una política de asistencia que permita regularizar los incumplimientos y preservar la actividad productiva.
