¿Estafa a los argentinos? Milei vende AySA por US$340 millones y prepara aumentos antes de entregarla

El Gobierno de Javier Milei adjudicó el 90% de AySA por US$340,2 millones y, al mismo tiempo, avanzó con un nuevo esquema tarifario que puede incrementar los ingresos de la compañía antes de que pase definitivamente a manos privadas. La secuencia abre una pregunta incómoda: ¿por qué el Estado no procuró maximizar el valor de la empresa antes de venderla, en lugar de dejarles a los nuevos dueños una compañía con mejores perspectivas de recaudación?

La adjudicación al consorcio integrado por Rowing, Arcos Saneamento, PHX Aqua y Transclor se formalizó el 22 de octubre. La firma del contrato está prevista para el 13 de noviembre. El monto quedó por debajo de los US$500 millones que el Gobierno esperaba recaudar inicialmente, una diferencia de casi el 32%. Mientras tanto, avanzó la propuesta para modificar los coeficientes zonales que determinan las facturas de agua y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La pregunta no es solamente cuánto dinero ingresa hoy a las arcas públicas. También importa cuánto podría valer AySA si sus ingresos futuros aumentan y cómo se reflejó esa perspectiva en el precio que pagará el comprador. En una empresa de servicios, las tarifas, la facturación y las ganancias esperadas son variables centrales para evaluar su valor. Si el Estado transfiere la compañía sin capturar adecuadamente ese potencial, la diferencia puede terminar beneficiando al sector privado.

Tarifazos antes del traspaso: más ingresos para la empresa

La propuesta tarifaria analizada el 26 de octubre contempla cambios que implicarían aumentos para alrededor de seis de cada diez usuarios, con una suba promedio estimada del 22,3% para ese grupo y topes de actualización mensual del 5%. Cerca del 20% de los usuarios residenciales, en cambio, tendría reducciones en sus facturas. Según las estimaciones publicadas, el nuevo esquema permitiría recaudar unos $140.000 millones adicionales al año, recursos que se destinarían a financiar la tarifa social.

El Gobierno puede argumentar que la actualización busca ordenar las tarifas y ampliar la protección a los hogares vulnerables. Pero eso no elimina el interrogante central de la privatización: si el nuevo cuadro tarifario mejora la capacidad de recaudación de AySA, ¿por qué ese potencial no se tradujo en un mayor precio de venta para el Estado?

El diputado Guillermo Michel cuestionó la valuación y sostuvo que el resultado operativo de AySA en 2025 rondó los US$270 millones. Según su análisis, vender el 90% de las acciones por US$340 millones implica un precio que merece explicaciones. También advirtió que, a diferencia de una concesión limitada en el tiempo, transferir las acciones permite al comprador utilizar los activos de la empresa como respaldo para conseguir financiamiento.

La discusión no se resuelve comparando mecánicamente la facturación con el precio de venta: para establecer si AySA fue subvaluada hace falta conocer la metodología de valuación, las obligaciones de inversión, los pasivos y los riesgos que asumirá el comprador. Pero precisamente por eso, el Gobierno debería explicar con transparencia cómo calculó el precio y por qué consideró conveniente desprenderse de un activo estratégico en estas condiciones.

El antecedente de los peajes durante el macrismo

La secuencia recuerda a lo ocurrido durante el gobierno de Mauricio Macri con Autopistas del Sol, la concesionaria del acceso Norte y la avenida General Paz. En febrero de 2017 se habilitó una suba de hasta el 120% en los peajes y, tres meses después, la familia Macri vendió el 7% que conservaba en la empresa por US$19,7 millones. Según informó Clarín en aquel momento, la medida tarifaria había impulsado una suba del 37% en el valor de la acción.

La comparación no demuestra por sí sola que ambos casos sean idénticos ni que haya existido una maniobra ilegal. Pero deja una cuestión económica y política difícil de esquivar: cuando una decisión estatal mejora los ingresos esperados de una empresa, puede aumentar también el valor de sus acciones. Si ese cambio ocurre antes de una venta, el Estado debe asegurarse de que el beneficio no quede incorporado gratuitamente al patrimonio de los compradores.

En el caso de AySA, el orden de los acontecimientos vuelve todavía más relevante esa discusión. La adjudicación se formalizó antes de la audiencia pública del 26 de octubre, y la transferencia definitiva está prevista para noviembre. El Gobierno debe explicar qué información tarifaria y qué proyecciones de ingresos se incorporaron a la valuación utilizada para fijar el precio.

¿Quién defiende el patrimonio de los argentinos?

El discurso privatizador de Milei promete eficiencia, inversión y alivio para las cuentas públicas. Pero vender una empresa estatal no equivale automáticamente a hacer un buen negocio para el país. La pregunta es si el Estado consigue un precio adecuado, si conserva herramientas para garantizar un servicio esencial y si las obligaciones del nuevo operador son suficientes para mejorar la infraestructura.

AySA abastece de agua potable y servicios de saneamiento a millones de personas del AMBA. No se trata de cualquier activo: está en juego un servicio indispensable para la vida cotidiana. El contrato contempla un plan de acción por $2,89 billones para el período 2027-2031, pero los compromisos de inversión deben evaluarse junto con el precio pagado, las condiciones tarifarias y los mecanismos de control.

Si el Gobierno realmente busca defender los recursos de los argentinos, su obligación es vender al mejor precio posible y con reglas transparentes, no limitarse a transferir la empresa y dejar que sus futuros ingresos crezcan después de la adjudicación. La sospecha política nace de esa contradicción: mientras se exige ajuste a la sociedad, un activo público estratégico se entrega por un monto cuestionado y con cambios tarifarios en marcha.

No alcanza con invocar la eficiencia privada. El Gobierno tiene que demostrar que la operación fue conveniente para el país y que no dejó valor sobre la mesa. Porque si AySA podía valer más con una estructura tarifaria actualizada, la pregunta es inevitable: ¿por qué ese valor no lo capturó el Estado antes de venderla?