Milei incumple otro fallo judicial y da de baja casi 22 mil pensiones por invalidez
El Gobierno de Javier Milei vuelve a avanzar sobre las personas con discapacidad: casi 22.000 pensiones no contributivas por invalidez quedaron nuevamente suspendidas, pese a que una medida judicial había ordenado restablecer esos pagos. La decisión, oficializada mediante resoluciones de la Secretaría Nacional de Discapacidad, obliga a los beneficiarios a iniciar nuevos trámites para intentar recuperar una prestación esencial para su subsistencia.
La medida alcanza a 21.812 personas que habían sufrido la suspensión de sus pensiones durante las auditorías impulsadas por el Gobierno en 2025. En octubre de ese año, la administración libertaria había tenido que restituir los pagos tras una cautelar dictada por el Juzgado Federal N.º 2 de Catamarca, que luego extendió sus efectos a nivel nacional. Ahora, el Ejecutivo dejó sin efecto aquella restitución para los casos incluidos en la nueva resolución y vuelve a poner a los beneficiarios frente a la incertidumbre.
El nuevo recorte llega, además, en un momento de fuerte tensión política por el financiamiento de la discapacidad. Apenas días después de que Diputados diera media sanción a modificaciones de la Ley de Emergencia en Discapacidad, el Gobierno vuelve a suspender prestaciones y exige que miles de personas acrediten nuevamente que cumplen los requisitos para cobrar.
Un trámite para recuperar una pensión que ya había sido restituida
Según la normativa oficial, las personas alcanzadas deberán presentar documentación médica, actualizar sus datos personales y aportar los antecedentes necesarios para acreditar que mantienen las condiciones para recibir el beneficio. La resolución establece un plazo de 60 días corridos desde la notificación para solicitar la rehabilitación.
Los trámites pueden realizarse a través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD), en las dependencias habilitadas de la Secretaría Nacional de Discapacidad, mediante el formulario de consultas del Ministerio de Salud o por correo electrónico a la dirección oficial informada por el organismo. También se habilitaron canales presenciales para recibir la documentación.
Sin embargo, presentar los papeles no garantiza que el pago se reactive de inmediato: cada expediente será evaluado por las autoridades administrativas. Así, quienes ya habían recuperado la pensión por orden judicial deberán atravesar otra instancia de revisión para volver a cobrar.
El ajuste sobre uno de los sectores más vulnerables
El Gobierno justifica la medida en la necesidad de revisar prestaciones que, según sostiene, no cuentan con documentación médica o socioeconómica suficiente. El Ejecutivo afirma que la suspensión no significa que haya determinado que las personas no tienen una incapacidad laboral, sino que busca verificar si mantienen los requisitos para acceder a la prestación.
Pero el impacto concreto recae sobre personas que dependen de esos ingresos para afrontar gastos cotidianos, tratamientos y necesidades básicas. En lugar de garantizar la continuidad de la asistencia mientras se revisa cada situación, la decisión vuelve a trasladar a los beneficiarios la carga de demostrar que tienen derecho a cobrar.
La polémica también expone el choque entre el ajuste del Gobierno y las decisiones judiciales que buscaron proteger a quienes habían quedado afectados por las auditorías. La motosierra vuelve a pasar por las pensiones por invalidez, mientras miles de familias deben enfrentar nuevos trámites y la incertidumbre sobre cuándo —o si— recuperarán sus ingresos.
