Fuga de Bolsonaro: la Justicia pide las cámaras del aeropuerto e investiga el rol del Gobierno
La Justicia argentina empezó a avanzar sobre la salida de Flávio Bolsonaro hacia Estados Unidos y pidió preservar las grabaciones de las cámaras de seguridad del aeropuerto de Puerto Iguazú y del paso fronterizo por el que ingresó al país. En paralelo, la fiscal federal Paloma Ochoa solicitó informes a la Dirección Nacional de Migraciones y a otros organismos para reconstruir cómo el dirigente brasileño cruzó la frontera y abordó un avión privado pese a las restricciones judiciales que enfrentaba en Brasil.
Las medidas buscan determinar si hubo irregularidades en los controles migratorios y si funcionarios argentinos pudieron haber omitido información o colaborado para facilitar el traslado. La investigación se originó en denuncias que apuntan contra el presidente Javier Milei y otros integrantes del Gobierno, y vuelve a poner bajo la lupa el papel de las autoridades nacionales en una operación que terminó con Bolsonaro en Miami.
El dirigente brasileño viajó junto a su esposa y sus dos hijas. Según la información oficial difundida por Migraciones, la familia ingresó a la Argentina el martes 27 de octubre por el puente internacional Tancredo Neves, en Misiones, y poco después abordó un avión privado de la empresa Baires Fly con destino declarado a Guayaquil, Ecuador. La aeronave continuó luego su recorrido hasta Estados Unidos.
Las cámaras, los vuelos y los registros migratorios, bajo la lupa
La preservación de las imágenes es clave para reconstruir los movimientos de Bolsonaro desde el cruce fronterizo hasta el aeropuerto. La Justicia también busca acceder a los planes de vuelo, el listado de pasajeros y el contrato del servicio aéreo privado. Esos registros podrían ayudar a establecer quién organizó el traslado, qué controles se realizaron y si hubo intervención de funcionarios públicos.
La fiscal Paloma Ochoa pidió medidas preliminares a la jueza federal María Eugenia Capuchetti en el marco de las denuncias presentadas por el diputado socialista Esteban Paulón y el dirigente Gabriel Solano. Ambos reclaman que se investigue si existió coordinación entre distintas áreas del Estado para permitir la entrada y posterior salida del dirigente brasileño.
En paralelo, en Puerto Iguazú tramita otra investigación impulsada por una denuncia de la diputada Marcela Pagano. El fiscal federal Fabián Martínez también solicitó informes a organismos públicos para determinar cómo se produjo el ingreso de Bolsonaro y si existía algún impedimento legal que debiera haber sido considerado por las autoridades argentinas.
La contradicción que debe explicar el Gobierno
El caso genera interrogantes porque la salida de Bolsonaro se produjo en medio de las restricciones que le había impuesto la Justicia brasileña. El juez Alexandre de Moraes había ordenado medidas sobre sus documentos de viaje y le había prohibido abandonar Brasil. Sin embargo, el dirigente cruzó a la Argentina y partió en un avión privado hacia Estados Unidos.
El Gobierno argentino sostuvo que Bolsonaro y su familia ingresaron con documentación válida y que no registraban impedimentos legales para entrar al país. Pero ese argumento no resuelve todas las preguntas que busca responder la investigación: los fiscales deben determinar qué información tenían las autoridades, qué controles se realizaron y si existieron omisiones o actuaciones irregulares.
Las denuncias también apuntan al posible encubrimiento y al incumplimiento de los deberes de funcionario público. Por ahora, se trata de hipótesis que deberán ser probadas y no de responsabilidades penales establecidas.
La investigación suma presión sobre la Casa Rosada y sobre Santiago Caputo, el asesor presidencial cuyo posible papel en la operación fue mencionado en reconstrucciones periodísticas. Las cámaras y los registros oficiales pueden convertirse en piezas centrales para determinar si la salida de Bolsonaro fue solamente un tránsito migratorio o si contó con ayuda desde el aparato estatal argentino.
