Milei dispuso el secreto militar para la compra de las FFAA y no se informará en qué gastarán el dinero
El Gobierno de Javier Milei volvió a recurrir al secreto para blindar una operación con fondos públicos. A través del Decreto 1205/2026, el Presidente y el ministro de Defensa, Carlos Presti, clasificaron como secreto militar una nueva compra de equipamiento para las Fuerzas Armadas. La medida impide conocer qué se comprará, cuánto costará, quién será el proveedor y a qué fuerza estará destinado. En otras palabras: la ciudadanía no podrá acceder a los detalles de una operación que se pagará con recursos públicos.
El decreto, publicado este lunes en el Boletín Oficial, también permite que el proceso quede exceptuado de las obligaciones habituales de publicidad y difusión. El Ejecutivo argumentó que la divulgación de esos datos podría comprometer la seguridad nacional. Pero la decisión abre una pregunta inevitable: ¿cómo se controla el uso del dinero público cuando ni siquiera se conocen los montos ni las empresas contratadas?
La SIDE, los fondos reservados y otra zona opaca
La medida se conoce después de las controversias por el crecimiento del presupuesto de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), organismo vinculado políticamente al asesor presidencial Santiago Caputo. En julio y septiembre, el Gobierno autorizó ampliaciones presupuestarias que sumaron casi $80.000 millones adicionales en menos de dos meses. La primera incluyó $7.466 millones para gastos reservados, partidas cuyo uso y destino no se hacen públicos por razones de seguridad.
En un contexto de recortes en distintas áreas del Estado, la ampliación de los recursos de inteligencia reavivó los cuestionamientos sobre las prioridades del Gobierno y los controles sobre fondos cuyo detalle permanece fuera del escrutinio público. La existencia de gastos reservados no demuestra por sí misma una irregularidad, pero sí vuelve fundamental el funcionamiento efectivo de los mecanismos de fiscalización.
Ahora, el secreto se extiende a una nueva operación de Defensa. La compra puede tener una justificación estratégica legítima, pero eso no elimina la necesidad de controles institucionales. Seguridad nacional no debería ser sinónimo de ausencia de rendición de cuentas.
Casi $1.000 millones en pagos irregulares en la Armada
A las dudas sobre la transparencia se suma otro caso que golpeó a las Fuerzas Armadas. Una investigación interna de la Armada derivó en una denuncia judicial por 645 acreditaciones salariales indebidas por $981.148.567,88, que alcanzaron a 23 personas entre julio de 2022 y enero de 2026.
Según la presentación judicial, se detectaron modificaciones en archivos utilizados para ordenar los pagos al Banco Nación, con importes que no coincidían con las liquidaciones y acreditaciones que carecían de respaldo. La maniobra habría aprovechado un punto vulnerable del circuito: los archivos podían alterarse después de los controles sobre la liquidación y antes de su envío definitivo al banco.
La precisión temporal es importante: la investigación abarca períodos anteriores y posteriores a la llegada de Milei al Gobierno. Por eso, no corresponde atribuir la totalidad de los desvíos a su gestión. Lo que sí queda expuesto es la gravedad de las fallas de control que permitieron acumular semejante perjuicio durante años. Al momento de la denuncia, se habían restituido poco más de $42,5 millones y quedaban cerca de $938,6 millones pendientes de recuperación.
La causa deberá establecer quiénes intervinieron, cuál fue el destino del dinero y qué responsabilidades corresponden. La Armada modificó parte del circuito de pagos y puso los hechos en conocimiento de la Justicia.
El problema no es solo el secreto, sino quién controla
El Gobierno sostiene que necesita proteger información sensible para modernizar y reequipar a las Fuerzas Armadas. Pero esa explicación no despeja las dudas sobre el alcance de la reserva ni sobre los mecanismos de auditoría que se aplicarán a la nueva compra.
La sucesión de casos —los fondos reservados de la SIDE, la operación militar ahora clasificada y la denuncia por pagos irregulares en la Armada— no demuestra que exista una conexión entre ellos ni prueba una trama común de corrupción. Sí pone sobre la mesa una cuestión política central: la transparencia y los controles sobre el dinero público no pueden depender únicamente de la palabra del propio Gobierno.
Mientras el oficialismo exige sacrificios y justifica el ajuste en nombre de la eficiencia, las operaciones estatales que involucran recursos millonarios necesitan controles verificables. Si no se puede conocer ni siquiera el costo de una compra, la ciudadanía tiene motivos para exigir explicaciones sobre cómo se garantizará que cada peso se utilice correctamente.
