La motosierra suma otro capítulo: Milei habilita retiros voluntarios y busca achicar aún más el Estado
El Gobierno de Javier Milei aprobó un nuevo régimen de retiro voluntario para empleados de la Administración Pública Nacional centralizada, una medida que profundiza el ajuste sobre el empleo estatal. Aunque el Ejecutivo presenta la salida como una decisión individual, los cargos de quienes adhieran serán eliminados y no podrán volver a trabajar en el Estado nacional durante ocho años.
El programa quedó oficializado mediante el Decreto 1203/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial. La inscripción estará abierta del 1 al 30 de noviembre, con la posibilidad de una prórroga de hasta 30 días. Según estimaciones oficiales citadas por la prensa, alrededor de 20.000 trabajadores estarían en condiciones de solicitar el retiro.
La medida se suma a una reducción sostenida de la planta estatal desde la llegada de Milei a la Casa Rosada. De acuerdo con los datos del INDEC, entre diciembre de 2023 y agosto de 2026, la dotación de la Administración Pública Nacional, las empresas y las sociedades del Estado pasó de 341.465 a 269.025 trabajadores: 72.440 puestos menos. Solo en agosto se registraron otras 1.446 bajas respecto del mes anterior.
El ajuste también se refleja en el discurso oficial. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró anteriormente la caída de la dotación estatal al vincularla con el objetivo de reducir el gasto público. Con el nuevo régimen, el Gobierno amplía el mecanismo de desvinculación a distintas áreas de la administración centralizada y establece que las vacantes no podrán utilizarse para justificar nuevas incorporaciones.
Una salida con condiciones
El esquema contempla compensaciones que varían según la edad, la antigüedad y los aportes jubilatorios. En algunos casos, el pago puede llegar a 25 salarios; para determinados trabajadores próximos a la edad jubilatoria que no reúnen los aportes necesarios, existe la opción de cobrar el 60% del sueldo bruto durante un máximo de 36 meses.
Sin embargo, adherir no garantiza que el pedido sea aceptado: las autoridades tendrán hasta 40 días para resolver cada solicitud. Además, quienes ingresen al régimen quedarán inhabilitados para volver a trabajar o ser contratados por el sector público nacional durante ocho años, con excepción de los cargos docentes en universidades nacionales.
El nuevo plan se conoce en un contexto de deterioro del mercado laboral. En el segundo trimestre de 2026, la desocupación llegó al 7,9%, según el INDEC, mientras el trabajo informal alcanzó al 45% de los ocupados. Los datos corresponden al conjunto del mercado laboral y no pueden atribuirse exclusivamente a los recortes estatales, pero muestran el escenario en el que el Gobierno profundiza su política de reducción de puestos de trabajo.
Así, bajo la etiqueta de “retiro voluntario”, el Ejecutivo suma una nueva herramienta para achicar la estructura estatal. El interrogante es qué impacto tendrá la pérdida de personal sobre el funcionamiento de los organismos públicos y los servicios que prestan, además de las consecuencias laborales para quienes decidan abandonar sus puestos.
