La gran estafa de la reforma laboral de Milei: crecen los despidos y la informalidad
Por Patricio da Torre
La reforma laboral de Javier Milei se presentó como una solución para uno de los problemas históricos de la Argentina: la falta de empleo registrado. El Gobierno sostuvo que, si las empresas tenían más facilidades para contratar y despedir, menores costos y menos riesgos judiciales, se animarían a incorporar trabajadores. También prometió que los incentivos a la formalización permitirían blanquear a quienes hoy trabajan en negro. Pero, a varios meses de su aprobación, los indicadores muestran un mercado laboral más precario, menos puestos registrados y una mayor pérdida de participación de los salarios en la economía.
La Ley de Modernización Laboral fue sancionada en febrero y promulgada en marzo de 2026. Al celebrar su aprobación, la Oficina del Presidente aseguró que la norma permitiría crear empleo registrado, reducir la informalidad, impulsar la inversión y generar “más y mejores puestos de trabajo”. El secretario de Trabajo, Julio Cordero, también defendió sus efectos y sostuvo que la Ley Bases había tenido un “impacto muy positivo” en el país.
Sin embargo, los datos conocidos hasta octubre dibujan un escenario muy distinto del que había anunciado el oficialismo. Un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), basado en registros oficiales, contabilizó 36.000 puestos de trabajo perdidos y 6.905 empresas que cerraron desde la aprobación de la reforma. El deterioro no comenzó con la nueva ley, pero tampoco se revirtió con ella.
Uno de los argumentos centrales de la reforma fue que reducir los costos y las incertidumbres asociadas a la contratación iba a incentivar a los empleadores a tomar personal. La lógica oficial sostenía que, con reglas más flexibles y menos riesgos ante eventuales despidos, las empresas tendrían más margen para ampliar sus plantillas.
El problema es que abaratar o facilitar un despido no crea, por sí mismo, una necesidad de contratar. Para que una empresa incorpore trabajadores también necesita actividad, ventas, inversión y expectativas de crecimiento. Cuando el mercado interno se contrae y los negocios venden menos, la flexibilización de las condiciones laborales no garantiza que aparezcan nuevos puestos.
Los datos del empleo privado registrado refuerzan esa contradicción. Según el IAG, entre junio de 2025 y julio de 2026 se perdieron 160.119 puestos de trabajo asalariado privado registrado. La caída se extendió durante catorce meses consecutivos y en julio se sumaron otros 12.716 puestos menos. Desde el inicio del gobierno de Milei, la pérdida acumulada llegó a 303.500 empleos privados registrados.
La contracción se concentró especialmente en sectores vinculados con el mercado interno. Desde noviembre de 2023, la industria perdió 88.496 puestos registrados y la construcción, 62.700; el comercio también registró una reducción de 15.200 empleos. En conjunto, esas tres actividades acumularon más de 166.000 puestos menos.
El panorama tampoco se limita a las grandes empresas. El mismo relevamiento contabilizó 32.290 empleadores menos entre noviembre de 2023 y julio de 2026, una caída del 6,3%. Es una señal de que el deterioro alcanza también al tejido empresarial, en particular a las actividades que dependen del consumo y la construcción.
Estos números no permiten afirmar que la reforma haya causado cada uno de los despidos: la evolución del empleo depende de múltiples factores económicos y parte de la caída ya estaba en marcha antes de la sanción. Pero sí permiten cuestionar la promesa de que flexibilizar las condiciones laborales sería suficiente para poner en marcha una recuperación del trabajo registrado. Por ahora, ese resultado no aparece en las estadísticas.
El segundo gran argumento del Gobierno fue que reducir los costos de contratación y ofrecer incentivos a los empleadores ayudaría a incorporar al sistema formal a quienes trabajan sin registrar. La reforma creó mecanismos para promover nuevas contrataciones y regularizar relaciones laborales que estaban en negro o deficientemente registradas.
El resultado general, sin embargo, tampoco acompaña el discurso oficial. Según el informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA y el CONICET, la tasa de informalidad llegó al 45% en el segundo trimestre de 2026, con un aumento de 1,8 puntos porcentuales respecto del mismo período del año anterior. En términos absolutos, se sumaron 348.000 trabajadores informales en doce meses.
La mayor parte del aumento se concentró en el trabajo por cuenta propia: esa modalidad explicó el 91% del crecimiento de la ocupación informal. Es decir, el mercado laboral incorporó más personas que trabajan sin las protecciones asociadas al empleo registrado, mientras seguían cayendo los puestos asalariados formales.
El Gobierno, por su parte, informó que su Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral había alcanzado a 63.000 trabajadores y más de 20.000 empresas hasta julio. Ese dato muestra que hubo incorporaciones bajo el programa oficial, pero no alcanza para demostrar que la tendencia general se haya revertido: la cantidad de personas que trabajan en la informalidad siguió aumentando y la tasa llegó al 45%.
La diferencia importa porque no todas las modalidades de trabajo ofrecen las mismas condiciones. Una persona que pasa de un empleo asalariado registrado a trabajar por su cuenta puede seguir teniendo una ocupación, pero pierde la cobertura laboral propia de la relación de dependencia y debe afrontar sus aportes y obligaciones. La expansión del monotributo o del cuentapropismo, por sí sola, no equivale a una mejora de la calidad del empleo.
La tercera contradicción aparece en la distribución del ingreso. No solo hay menos empleo registrado y más informalidad: también cayó la proporción de la riqueza generada por la economía que llega a los trabajadores asalariados.
Un informe del INDEC sobre la distribución funcional del ingreso, correspondiente al segundo trimestre de 2026, muestra que la remuneración al trabajo asalariado representó el 42,9% del valor agregado bruto, mientras que el excedente de explotación bruto —la medida estadística de las ganancias empresarias— alcanzó el 44,7%.
La participación de los salarios cayó 2,43 puntos porcentuales frente al mismo trimestre del año anterior, mientras que la porción correspondiente a las ganancias empresarias aumentó 2,8 puntos. Según los cálculos difundidos por Tiempo Argentino, solo durante los primeros seis meses del año la transferencia de ingresos entre ambos sectores superó los $10,3 billones, equivalentes a unos US$6.800 millones.
El dato ayuda a entender quiénes se beneficiaron de la evolución económica. Mientras los ingresos salariales crecieron por debajo de las ganancias empresarias, la pérdida de puestos registrados y la expansión de modalidades precarias debilitaron la posición de los trabajadores. El economista Claudio Lozano señaló que la masa salarial creció un 29,6% nominal interanual, frente al 46,2% del excedente de explotación bruto.
La socióloga Mariana Sosa, integrante del Grupo de Estudios sobre Movilidad y Desigualdad Social de la UBA, advirtió que el crecimiento del cuentapropismo está asociado en buena medida a ocupaciones informales y de baja calificación. Según su análisis, un trabajador que pierde su empleo formal puede terminar trabajando por su cuenta y percibiendo alrededor de la mitad de lo que ganaba antes.
El balance de estos primeros meses deja una pregunta incómoda para el Gobierno: si la reforma estaba destinada a crear empleo registrado, reducir el trabajo en negro y mejorar las oportunidades laborales, ¿por qué los indicadores muestran más informalidad, menos puestos asalariados privados y una menor participación de los salarios en la economía?
La respuesta no puede reducirse a una sola ley. La recesión, la evolución del consumo, las decisiones de inversión y el desempeño de cada sector también influyen en la creación de empleo. Pero ese contexto tampoco vuelve irrelevantes los resultados: la reforma se presentó como una herramienta para revertir los problemas del mercado laboral, y los datos disponibles no muestran todavía esa mejora.
La flexibilización no reemplaza la necesidad de una economía que genere trabajo. Darle al empleador más herramientas para despedir o reducir costos puede modificar las condiciones de contratación, pero no garantiza nuevas vacantes ni formaliza automáticamente a quienes trabajan en negro. Para que eso ocurra hacen falta actividad, inversión productiva y demanda, además de políticas que favorezcan el empleo registrado.
Por ahora, el contraste es claro: mientras el Gobierno reivindica la modernización laboral, el empleo formal sigue cayendo, la informalidad crece y la porción de la riqueza que reciben los asalariados se reduce. La promesa era que la reforma beneficiaría a los trabajadores. Los datos, hasta el momento, muestran que ese beneficio todavía no llegó.
