El Gobierno de Javier Milei reglamentó este lunes el nuevo Régimen Penal Juvenil, una de las reformas que más debate generó alrededor de la edad de imputabilidad. La medida quedó formalizada mediante el Decreto 875/2026, publicado en el Boletín Oficial, y alcanza a adolescentes desde los 14 años hasta el momento en que cumplen 18.

La reglamentación termina de poner en funcionamiento la Ley 27.801, sancionada en febrero y publicada en marzo de este año. El objetivo declarado del régimen es establecer un sistema específico para adolescentes imputados por hechos considerados delitos, con herramientas orientadas tanto al cumplimiento de las medidas judiciales como a la educación, resocialización e integración social.

¿A quiénes alcanza el nuevo régimen?

La normativa se aplica a las personas adolescentes que tengan 14 años y menos de 18 al momento de cometer un hecho tipificado como delito en el Código Penal o en las leyes penales especiales.

Esto significa que la edad que se toma en cuenta es la que tenía el adolescente cuando ocurrió el hecho, y no necesariamente la que tenga posteriormente durante el proceso judicial.

El nuevo sistema establece un tratamiento penal específico para los menores y contempla diferentes medidas según las características del caso, la gravedad del delito y la situación particular del adolescente.

El Ministerio de Justicia queda a cargo

El decreto establece al Ministerio de Justicia como autoridad de aplicación del régimen en el ámbito de la Justicia nacional y federal.

La cartera deberá coordinar la implementación del sistema y trabajar con las distintas jurisdicciones para establecer mecanismos comunes. También tendrá a su cargo cuestiones vinculadas con los supervisores, la atención de las víctimas y la aplicación de las medidas previstas por la nueva ley.

Uno de los puntos novedosos es justamente la creación de un Registro de Supervisores del Régimen Penal Juvenil. Estos profesionales tendrán a su cargo el seguimiento de los adolescentes en los casos en que la Justicia disponga su intervención.

El Gobierno deberá realizar una primera convocatoria pública para conformar el registro definitivo dentro de los 180 días posteriores a la entrada en vigencia del decreto. Mientras tanto, se utilizará un listado provisorio de profesionales.

Dos organismos para coordinar la aplicación

La reglamentación también crea dos estructuras específicas.

Por un lado, funcionará dentro del Ministerio de Justicia el Comité Interministerial del Régimen Penal Juvenil, destinado a coordinar la intervención de las distintas áreas del Gobierno.

Por otro, se creó la Mesa Federal del Régimen Penal Juvenil, que tendrá como objetivo articular al Estado nacional con las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.

La intención es unificar criterios técnicos y procesales, intercambiar experiencias y facilitar acuerdos entre las distintas jurisdicciones.

¿Qué busca el Gobierno con la reforma?

La nueva legislación forma parte de la política de seguridad impulsada por Milei y establece un régimen específico para los adolescentes que cometen delitos.

La ley sostiene que el sistema debe apuntar a que el joven comprenda la responsabilidad legal derivada de sus actos y favorecer su educación, resocialización e integración social. Al mismo tiempo, la reglamentación incorpora mecanismos de seguimiento y coordinación entre organismos para controlar el cumplimiento de las medidas.

La puesta en marcha del régimen significa un cambio importante respecto del tratamiento penal de los adolescentes y vuelve a instalar en el centro de la discusión política y social una pregunta que genera fuertes posiciones enfrentadas: ¿desde qué edad debe responder penalmente un menor que comete un delito?

Con la nueva normativa, el Gobierno fijó el límite en los 14 años y ahora comienza la etapa de implementación del sistema en todo el país.