Malvinas: las contradicciones del Gobierno detrás de los negocios de Elsztain, Musk y una petrolera
Por Patricio da Torre
Mientras Javier Milei endurece su discurso sobre la soberanía argentina en Malvinas y anuncia sanciones contra empresas que operen en el archipiélago con permisos británicos, una serie de vínculos empresariales dejan expuestas algunas contradicciones alrededor del Gobierno. Entre ellos aparecen Eduardo Elsztain, uno de los empresarios más cercanos al Presidente; Starlink, la compañía de Elon Musk; y Harbour Energy, una petrolera que participa de un proyecto beneficiado por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
El caso de Elsztain resulta particularmente llamativo. El empresario, dueño de IRSA y cercano a Milei, mantiene desde 2005 o 2006 una participación minoritaria cercana al 2% en Falkland Islands Company (FIC), una de las principales compañías con actividad económica en las islas. La relación se hizo pública nuevamente en medio de la nueva ofensiva del Gobierno sobre la cuestión Malvinas.
La participación de Elsztain no fue siempre pasiva. En 2017, a través de su vehículo de inversión Dolphin Fund Ltd., intentó quedarse con el control de la compañía británica. La operación compitió con otra oferta por 37,3 millones de libras y generó preocupación entre las autoridades de las islas. Incluso, según se informó entonces, el gobierno de Theresa May se opuso a la posibilidad de que Elsztain tomara el control. Finalmente, la operación no prosperó y el empresario conservó su participación minoritaria.
Tras las nuevas críticas, Elsztain defendió aquella operación y sostuvo que estaba vinculada con una estrategia destinada a profundizar los vínculos económicos, sociales y productivos con los habitantes de las islas. Según explicó, la idea era que una mayor relación entre argentinos y malvinenses podía contribuir al reclamo de soberanía. También recordó que su abuelo Isaac compartía esa mirada y mencionó antecedentes como el intento de Juan Domingo Perón de comprar la Falkland Islands Company.
Otro de los nombres que aparece en esta trama es el de Elon Musk. Starlink, la compañía de internet satelital del empresario estadounidense, comenzó a ofrecer su servicio en Malvinas en noviembre de 2025 utilizando la denominación británica “Falkland Islands” y mostrando la bandera del Reino Unido. Sin embargo, meses después, el Gobierno de Milei cerró un acuerdo con la empresa para brindar internet satelital gratuito a unas 6.000 escuelas rurales argentinas.
El acuerdo con Starlink también generó cuestionamientos por sus condiciones económicas. Especialistas señalaron que el costo del servicio podía ser cercano al triple de la tarifa de la empresa estatal Arsat y remarcaron que el convenio fue otorgado sin una licitación pública. Así, mientras el Gobierno profundiza su discurso soberanista, una de las compañías más elogiadas por Milei mantiene una operación comercial en las islas bajo jurisdicción británica.
El tercer caso involucra a Harbour Energy, una petrolera que quedó en el centro de un reclamo parlamentario. El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro pidió explicaciones a los ministros Luis Caputo y Pablo Quirno por la participación de la compañía en Southern Energy, un proyecto de producción y exportación de gas natural licuado que recibió los beneficios del RIGI.
Harbour Energy posee el 15% de Southern Energy, mientras que el resto del capital se distribuye entre Pan American Energy, YPF, Pampa Energía y Golar LNG. El proyecto recibió la aprobación del Gobierno en 2025 mediante la Resolución 559/2025 del Ministerio de Economía y contempla importantes beneficios impositivos, aduaneros y cambiarios durante las próximas décadas.
La denuncia de Ferraro se concentra en los antecedentes de Harbour. El diputado sostiene que la compañía es jurídicamente continuadora de Premier Oil PLC, una empresa que fue inhabilitada en 2013 por explorar hidrocarburos en la plataforma continental cercana a Malvinas sin autorización argentina. La sanción, establecida bajo la Ley 26.659, tiene una vigencia de 15 años y, según ese planteo, se extendería hasta 2028.
“Un cambio de nombre no crea una persona jurídica nueva ni extingue las sanciones que pesaban sobre la anterior”, argumentó Ferraro, quien sostiene que la normativa también alcanza a accionistas y controlantes de empresas sancionadas. Desde esa perspectiva, cuestiona que Harbour haya podido formar parte de un proyecto que obtuvo los beneficios del RIGI. Se trata de una interpretación planteada por el diputado que ahora deberá ser respondida por el Gobierno.
La historia empresarial de Harbour también tiene un capítulo directamente relacionado con Malvinas. En 2021, Chrysaor compró Premier Oil y dio origen a Harbour Energy. Ese mismo año, la compañía decidió desprenderse de su participación en el proyecto Sea Lion, que terminó en manos de la petrolera israelí Navitas Petroleum en 2022. Posteriormente, Harbour volvió a expandirse en Argentina y adquirió activos de Wintershall Dea, con presencia en Vaca Muerta y en proyectos de gas offshore.
En paralelo, Milei anunció nuevas medidas contra las empresas que exploten hidrocarburos en Malvinas sin autorización argentina. El Gobierno prepara sanciones, mecanismos para identificar a accionistas y proveedores de compañías inhabilitadas y restricciones para que esas firmas puedan contratar con el Estado o con privados. También anunció la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego y un proyecto de ley sobre soberanía.
La Cancillería, además, inició un proceso sancionatorio contra 45 empresas y accionistas vinculados con el proyecto Sea Lion, operado por Navitas y la británica Rockhopper Exploration. De esta manera, la nueva política de Malvinas de Milei comienza a chocar con una serie de relaciones comerciales que atraviesan al propio círculo empresario del Gobierno y a compañías con las que el Ejecutivo mantiene acuerdos o que reciben beneficios de sus principales programas de inversión.
