El Gobierno de Javier Milei anunció una ofensiva judicial contra cinco empresas petroleras extranjeras acusadas de operar en la Cuenca Malvinas Norte con licencias otorgadas por el Reino Unido. La denuncia penal será presentada por la Cancillería y apunta a frenar el avance de proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos en una zona cuya soberanía es reclamada por la Argentina.

Las compañías señaladas son Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd. Según el Ejecutivo, las tres primeras cuentan presuntamente con permisos británicos para explorar y extraer hidrocarburos en el marco del proyecto Sea Lion, algo que la Argentina considera contrario a la Ley 26.659.

La presentación judicial estará a cargo del canciller Pablo Quirno, con el patrocinio del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio. El Gobierno anticipó además que la acción no se limitará a las sociedades: también alcanzará a directores, gerentes, administradores, representantes y otras personas que hayan intervenido en las operaciones investigadas.

El principal foco de la disputa es Sea Lion, el proyecto offshore desarrollado por la petrolera israelí Navitas junto con la británica Rockhopper Exploration. Navitas controla el 65% y Rockhopper el 35%, mientras que el inicio de la producción está previsto para 2028. El yacimiento se encuentra a unos 220 kilómetros al norte de las islas.

La medida forma parte del giro que Milei viene mostrando en las últimas semanas sobre la cuestión Malvinas. En su última cadena nacional, el Presidente anunció que endurecería las sanciones contra las empresas que operen en las islas sin autorización argentina y advirtió sobre el avance de la explotación petrolera en la zona.

Además de la denuncia penal, Milei instruyó al ministro de Economía, Luis Caputo, para que el Presupuesto 2027 priorice la construcción de una Base Naval Integrada y otros proyectos estratégicos vinculados con la defensa y la seguridad nacional. La iniciativa presupuestaria deberá ser enviada al Congreso este mes.

La ofensiva judicial se suma a los procedimientos sancionatorios anunciados previamente contra 45 personas y empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en Malvinas. El Gobierno sostiene que busca proteger los recursos naturales y reafirmar el reclamo de soberanía sobre las islas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.

El conflicto por el petróleo suma así un nuevo capítulo a la disputa histórica con el Reino Unido. Mientras Buenos Aires cuestiona la validez de las licencias otorgadas para operar en la zona, las empresas involucradas sostienen que cuentan con permisos válidos emitidos por las autoridades de las islas y respaldados por el Reino Unido.

La decisión también adquiere una dimensión particular por la participación de Navitas, una compañía israelí que quedó en el centro de la discusión después de que el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, pidiera públicamente que su país reconozca a las Malvinas como territorio argentino ocupado y sancione al Reino Unido.