El Gobierno ordenó que la Unidad de Información Financiera (UIF) deje de ser querellante en las causas por corrupción y lavado de dinero para preservar su autonomía y ahorrar costos ya que, según argumentó, esta función se superponía con la del Ministerio Público Fiscal (MPF).

Así lo dispuso el Decreto 274/2025, que se publicó en la noche del jueves en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. La medida derogó el Decreto 2226, de diciembre de 2008, que autorizaba al titular de la UIF a intervenir como parte querellante en las causas por corrupción, lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

El Gobierno se basó en recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que establece estándares globales para combatir estos delitos y que indicó que Argentina debía “reconsiderar la intervención de la UIF como parte querellante, en tanto dicha actividad podría afectar su autonomía e independencia operativa”.

En este sentido, el decreto señaló que la facultad de querellar es “un caso aislado” en el ámbito de las Unidades de Inteligencia Financiera del mundo, y que en nuestro país “el encargado de promover la actuación de la justicia” es el MPF. “El esquema actual superpone la actividad de ambos organismos con el consecuente gasto de recursos humanos y económicos que conlleva y el riesgo de incurrir en contradicciones en el obrar”, sostuvo.

A partir de ahora, la UIF “podrá requerir, recibir e intercambiar información” con “otras entidades públicas que desarrollen actividades de inteligencia, información o prevención, resguardando el carácter secreto”, así como “colaborar y/o requerir colaboración a los órganos de la Administración Pública Nacional, del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público Fiscal”.

La medida busca darle “una mayor autonomía, eficacia y eficiencia” al organismo para “evitar una ‘influencia o interferencia indebida’ en los términos de las recomendaciones del GAFI”. Estas modificaciones permitirán “alcanzar la máxima eficacia y eficiencia en la gestión técnica de los medios con los que cuenta el Estado Nacional para garantizar la seguridad de los ciudadanos”, señaló el Gobierno.

Además, el decreto dispuso la creación del Comité de Ciberseguridad, que estará a cargo de la Agencia Federal de Ciberseguridad (AFC) y “tendrá por objetivo la elaboración de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad”.