La insólita explicación de Adorni ante la Justicia: eligió »vivir como pobre» aunque ya era rico
Manuel Adorni finalmente presentó ante la Justicia la explicación de su patrimonio y el origen de los dólares que aparecieron en sus declaraciones juradas. En un escrito de 78 páginas, su defensa sostuvo que la mayor parte del dinero provino de operaciones con Bitcoin realizadas entre 2014 y 2018, antes de su llegada al Gobierno, pero reconoció que buena parte de esas transacciones se hizo en efectivo, en encuentros personales y sin registros bancarios ni identificación de los compradores y vendedores.
El argumento central es que Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, habían reunido unos US$200.000 en ahorros y los invirtieron en Bitcoin. Según la presentación, la operatoria terminó generando una ganancia que llevó el capital hasta US$591.544,61.
Pero hay un detalle que ahora quedó explicitado en el expediente: no existen comprobantes tradicionales de las compras originales.
La propia defensa explicó que Adorni se encontraba personalmente con quienes le vendían los Bitcoin. Llevaba dólares en efectivo y, a cambio, recibía las criptomonedas. Los encuentros se realizaban en lugares públicos, según el escrito, y las partes mantenían el anonimato.
“Por razones de seguridad, esos encuentros se realizaban siempre en lugares públicos, y ninguna de las partes se identificaba, manteniéndose estricta reserva y anonimato”, sostuvo el abogado Matías Ledesma.
En otras palabras, según la explicación presentada ante el juez Ariel Lijo, no hay una transferencia bancaria, un comprobante de una plataforma ni un contrato que permita reconstruir quién le vendió esos primeros Bitcoin. La defensa argumenta que esto ocurrió en una época en la que no existía en la Argentina un mercado de intercambio de criptomonedas desarrollado y regulado como el actual.
Bitcoin, dólares en efectivo y una fortuna guardada en casa
La historia que reconstruyó la defensa ubica la mayor parte de la inversión en 2017. Ese año, el matrimonio habría destinado US$199.883,20 a comprar criptomonedas. Antes, en 2014, habían realizado una primera operación por US$1.897,20.
Con la fuerte suba del Bitcoin, comenzaron a vender parte de las posiciones. La defensa identificó ocho billeteras virtuales y calculó que las operaciones de liquidación permitieron obtener US$591.544,61. Cuatro de esas direcciones, según el escrito, fueron vaciadas el mismo 5 de agosto de 2017.
Una de las operaciones es particularmente llamativa: la defensa sostiene que el 5 de agosto de 2017 Adorni recibió US$296.785,46 en efectivo por una venta de Bitcoin.
Según el relato, el comprador fue una persona a la que no conocía y que le entregó los dólares personalmente, sin intervención de un banco, exchange o intermediario financiero.
¿Y cómo explica ahora que esas billeteras eran suyas?
Adorni presentó ante un escribano un acta en la que consta que actualmente posee las claves privadas necesarias para operar con esas ocho billeteras.
El problema que deberá analizar la Justicia es temporal: el acta demuestra que tiene esas claves hoy, pero no necesariamente que fuera el titular de esas billeteras cuando se realizaron las operaciones entre 2014 y 2018. Especialistas consultados por La Nación señalaron justamente esa diferencia.
“Optaron deliberadamente por vivir como si no lo tuvieran”
Hay otro pasaje del escrito que resume la explicación de la defensa sobre por qué ese dinero no apareció durante años en el nivel de consumo familiar.
Según el documento, después de esas ganancias Adorni y Angeletti decidieron mantener el dinero fuera del circuito bancario y financiero formal.
“Manuel Adorni y Bettina Angeletti optaron deliberadamente por ‘vivir como si no lo tuvieran’, privilegiando el ahorro y la prudencia patrimonial por sobre cualquier cambio en su nivel de consumo”, sostiene la presentación.
La defensa afirma que el objetivo era preservar el dinero para “la educación de sus hijos y su propia jubilación”.
La explicación agrega que ese esquema cambió cuando Adorni ingresó a la función pública, en diciembre de 2023. A partir de entonces, parte de esos dólares fueron utilizados para comprar y refaccionar propiedades, realizar viajes y afrontar otros gastos.
Según la versión presentada, el matrimonio llegó a conservar unos US$565.000 en efectivo durante años. Ese dinero, de acuerdo con el escrito, permaneció fuera del sistema bancario y fue guardado en el domicilio familiar.
Los otros números que debía explicar
El capítulo de los Bitcoin es el más llamativo, pero no era el único punto que Pollicita le había pedido aclarar.
La Fiscalía había detectado, para el período comprendido entre el 10 de diciembre de 2023 y el 27 de junio de 2026, una diferencia de $43.068.549 entre ingresos y gastos del grupo familiar. A eso se sumaban US$402.578,12 en gastos cuyo correlato directo con los ingresos declarados no había podido ser establecido.
Entre los principales gastos cuestionados aparece la casa del country Indio Cuá.
El contratista Matías Tabar había atribuido a la obra un monto de alrededor de US$245.000. La defensa ahora sostiene que esa cifra no refleja lo efectivamente pagado y afirma que el desembolso real fue de US$175.000.
Además, presentó un informe técnico que calculó el valor de mercado de la obra en US$174.954,58, prácticamente el mismo monto que, según la defensa, se habría abonado.
El escrito también cuestionó la documentación aportada por el contratista: señala diferencias entre planillas, gastos sin comprobantes, remitos con fechas anteriores al comienzo de los trabajos y materiales que habrían sido entregados en otros domicilios.
Préstamos familiares sin transferencias ni contratos
Otro de los puntos requeridos por Pollicita fueron dos préstamos que Adorni había declarado como parte de sus fuentes de financiamiento: uno de Silvia Pais, identificada como su madre, y otro de Norma Zuccolo.
La propia defensa reconoció que no existen documentos escritos, transferencias bancarias ni registros de fecha cierta que acrediten la entrega de esos fondos.
La explicación es que se trató de préstamos entre familiares y que, según el Código Civil y Comercial, no se exige una formalidad específica para que un contrato de mutuo sea válido.
Por eso, la defensa sostiene que la ausencia de documentación adicional no constituye por sí misma una irregularidad y remite a las propias declaraciones juradas donde esos préstamos fueron informados.
También aparecen en el descargo dos deudas con el Banco Galicia que habían sido declaradas en 2023 y luego dejaron de figurar: una personal por $6.429.000 y otra de su esposa por $3.903.000.
La defensa afirma ahora que esas deudas eran “inexistentes” y atribuye su inclusión original a un “error material” de carga en la declaración jurada.
Qué tiene que decidir ahora la Justicia
La presentación de Adorni no cierra la investigación. El fiscal Gerardo Pollicita deberá analizar el escrito y la documentación presentada y decidir si considera respondidos los cuestionamientos o si corresponde avanzar con nuevas medidas.
Una posibilidad, si la explicación no resulta suficiente para la Fiscalía, es que Pollicita solicite al juez Ariel Lijo que convoque a Adorni a una declaración indagatoria.
El eje de la discusión quedó así planteado: la defensa sostiene que la evolución patrimonial tiene un origen anterior a la llegada de Adorni al Gobierno y que puede reconstruirse a partir de sus Bitcoin, sus claves privadas, sus declaraciones y la documentación presentada.
La Justicia deberá determinar ahora qué parte de esa reconstrucción puede ser acreditada y qué elementos todavía necesitan respaldo.
Y ahí aparece el punto central del descargo: buena parte de los casi US$600.000 que Adorni atribuye a sus operaciones con Bitcoin se habría generado mediante transacciones presenciales, en efectivo, con personas cuya identidad dice no conocer y sin comprobantes tradicionales. La investigación deberá establecer si la documentación presentada alcanza para demostrar esa historia patrimonial.
