La AGN investigará la polémica licitación de la Hidrovía: falta de transparencia y sospechas de socios ocultos
La Auditoría General de la Nación (AGN) puso bajo la lupa una de las concesiones más estratégicas y controvertidas del gobierno de Javier Milei: la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay. El organismo incluyó una auditoría sobre el proceso en su Programa de Acción Anual 2027, luego de que se acumularan denuncias por falta de transparencia, posibles arbitrariedades y sospechas de intereses empresarios que no habrían quedado expuestos durante el concurso. La revisión llega después de que el Gobierno adjudicara la concesión al consorcio Vía Navegable Argentina, integrado por la belga Jan De Nul y la firma local Servimagnus.
La decisión de la AGN se apoya en un expediente que ya había sumado observaciones de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). En mayo de este año, el organismo encabezado por el fiscal Sergio Rodríguez advirtió sobre una “grave vulneración al principio de transparencia” por la falta de parámetros objetivos para evaluar las ofertas técnicas. Según su dictamen, esa ausencia otorgaba a la Comisión Evaluadora un margen de discrecionalidad excesivo y abría la posibilidad de modificar criterios de calificación después de la apertura de los sobres. La PIA también cuestionó aspectos de los pliegos, las restricciones a las impugnaciones, la cláusula anticorrupción y la falta de una evaluación de impacto ambiental.
Uno de los puntos que más inquieta es la posible existencia de socios ocultos vinculados al Grupo Neuss detrás de la operación. Distintas denuncias y presentaciones judiciales plantearon interrogantes sobre los intereses empresarios que podrían estar relacionados con el negocio. También hubo cuestionamientos de consorcios que participaron del proceso y quedaron afuera, entre ellos DTA Engenharia y un grupo integrado por la estadounidense Great Lakes Dredge & Dock (GLDD) y el fondo KKR. Esas empresas denunciaron irregularidades en el concurso y cuestionaron las condiciones en las que se desarrolló la competencia. Las sospechas deberán ser investigadas y no equivalen, por sí mismas, a una responsabilidad penal comprobada.
La controversia también tuvo repercusiones internacionales. Según las publicaciones sobre el expediente, Estados Unidos manifestó preocupación por presuntas reuniones entre funcionarios de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) y representantes de la Embajada de China, pese a que los pliegos establecían restricciones para empresas vinculadas a Estados extranjeros. El tema sumó una dimensión geopolítica a una licitación que concentra intereses de compañías internacionales y que define quién tendrá el control operativo de una vía fundamental para el comercio exterior argentino.
La importancia del negocio explica por qué las denuncias generan tanta preocupación. La Hidrovía Paraná-Paraguay es el principal corredor logístico fluvial del país y conecta los puertos y terminales de la región con el océano Atlántico. Por allí circula una parte central de las exportaciones argentinas, especialmente las vinculadas con el complejo agroindustrial. La concesión comprende tareas de dragado, redragado, señalización y mantenimiento, además del cobro de peajes a las embarcaciones. Se trata de un contrato de enorme valor económico y estratégico, con impacto directo sobre los costos de exportación y la competitividad de la producción nacional.
La auditoría de la AGN no se limitará a la Hidrovía. El Programa de Acción Anual 2027 también contempla revisar la prórroga de la concesión de 35 aeropuertos a Aeropuertos Argentina, empresa del grupo Eurnekian, hasta 2056, pese a que todavía faltaban 12 años para el vencimiento del contrato vigente. Según las investigaciones periodísticas, el acuerdo estuvo precedido por tres actas confidenciales firmadas entre 2025 y 2026. Además, el organismo tiene bajo análisis las operaciones del Banco Central vinculadas con el envío de oro al exterior y las operaciones con derivados que, según una auditoría, provocaron pérdidas superiores a los mil millones de dólares.
Así, mientras el Gobierno de Milei sostiene su discurso de transparencia, competencia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos, varios de sus contratos y decisiones más sensibles quedan bajo revisión. La auditoría sobre la Hidrovía deberá determinar qué ocurrió durante el proceso de licitación y si se respetaron las reglas de transparencia y competencia. Lo que está en juego no es un trámite administrativo más: es el control de una infraestructura clave para el comercio argentino y de un negocio millonario que compromete intereses públicos durante décadas.
