El 3 de enero, Pinedo se presentó personalmente ante Onslow para protestar por la acción que estaba a punto de concretarse. Según el documento, el comandante británico le respondió que esas eran las fuerzas que tenía disponibles y que esperaba la llegada de otras.
Pinedo terminó retirándose y dejó asentada la responsabilidad británica por lo que consideraba una violación de los derechos de la República. Antes de partir, además, ordenó que no se arriara la bandera argentina.
Poco después, las fuerzas británicas desembarcaron en Puerto San Luis. “Izaron allí el Pabellón Británico y pasaron a arriar el argentino que flameaba en tierra”, relata la carta.
El Gobierno de Buenos Aires calificó lo ocurrido como una “violencia y abuso de la fuerza en las Malvinas”, cometida “en deshonor del Pabellón Argentino” y en “ofensa de la integridad del territorio de la República”.
El texto también remarcó que la acción británica había sido especialmente grave debido a las relaciones que mantenían ambos países. “Los hechos transmitidos al Gobierno de Tucumán (…) acreditan el agravio más chocante de la fuerza y desmienten las protestas amistosas” de Gran Bretaña, señalaba la comunicación.
Pero uno de los puntos más importantes aparece hacia el final del documento, donde Buenos Aires deja explícita su decisión de continuar con el reclamo diplomático. “El Gobierno de Buenos Aires se halla en la firme resolución de sostener los derechos de la República Argentina”, afirmaron Balcarce y Maza.
El objetivo, según la carta, era obtener del Gobierno británico “una digna reparación, el reconocimiento del derecho sobre las Malvinas y el uso del dominio en aquel territorio”.
El hallazgo adquiere particular relevancia porque permite conocer, a través de un documento oficial contemporáneo a los hechos, cómo fue comunicada la ocupación británica al resto de las provincias argentinas y cuál fue la reacción inicial de las autoridades.
La carta permaneció preservada durante casi dos siglos hasta ser recuperada durante tareas de conservación y clasificación del patrimonio documental del Archivo Histórico de Tucumán. Su contenido vuelve a poner en primer plano que el reclamo argentino por las Malvinas comenzó a expresarse formalmente por la vía diplomática inmediatamente después de la ocupación británica de 1833.
En medio de la renovada discusión sobre la soberanía de las islas, el documento aporta además una mirada directa sobre aquel momento: la ocupación fue recibida por el Gobierno de Buenos Aires como un acto de fuerza contra la integridad territorial y acompañada desde el comienzo por la decisión de reclamar la devolución del territorio.