España vuelve a congelar los desalojos y busca regular los alquileres tras disolver el Congreso
El Gobierno de Pedro Sánchez volvió a aprobar este martes los decretos de vivienda que habían sido rechazados por el Congreso la semana pasada, ahora con las Cortes disueltas y con elecciones generales convocadas para el 29 de noviembre. Las nuevas normas recuperan medidas para proteger a personas vulnerables frente a los desahucios, prorrogar contratos de alquiler y limitar determinadas operaciones de grandes inversores.
Uno de los decretos establece la prórroga de hasta dos años de determinados contratos de alquiler y limita las subidas de las rentas. También refuerza la protección de personas vulnerables que no tengan una alternativa habitacional.
El segundo decreto plantea una modificación más profunda del sistema de alquileres: establece la renovación automática de los contratos cuando finalicen, salvo determinadas excepciones. Si el propietario decide no renovar en los casos previstos, deberá afrontar una indemnización al inquilino. Esta norma no entrará en vigor inmediatamente y quedará condicionada a su convalidación por la Diputación Permanente.
El paquete también limita hasta 2030 la compra de viviendas por parte de determinados fondos de inversión considerados especulativos, regula los alquileres de temporada y por habitaciones e incorpora medidas fiscales y de financiación para facilitar el acceso a la vivienda. El Gobierno anunció además una línea de 10.000 millones de euros en préstamos sin intereses de hasta 50.000 euros para la compra de primera vivienda.
La decisión llega después de que PP, Vox y Junts rechazaran los anteriores decretos en el Congreso. La votación terminó con 172 votos a favor y 178 en contra, dejando al Ejecutivo sin la mayoría necesaria para convalidarlos.
Ahora, con el Congreso disuelto, los decretos deberán ser tratados por la Diputación Permanente, que mantiene las funciones parlamentarias hasta la constitución de las nuevas Cortes. El Gobierno tiene un plazo de 30 días para conseguir su convalidación.
Las nuevas medidas se conocen en medio de la crisis habitacional y de las movilizaciones provocadas por los recientes desalojos en Madrid, entre ellos el de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años que llevaba décadas viviendo en su vivienda. Las organizaciones de inquilinos mantienen sus reclamos mientras el Ejecutivo intenta sacar adelante nuevamente las medidas antes de las elecciones.
