El oro no aparece: piden allanar el Banco Central e investigan posibles comisiones millonarias
La polémica por las operaciones financieras con las reservas de oro del Banco Central suma un nuevo capítulo judicial. El abogado Gregorio Dalbón amplió la denuncia contra el ministro de Economía, Luis Caputo, el presidente del BCRA, Santiago Bausili, y otros funcionarios, y pidió allanar la entidad para secuestrar o realizar copias forenses de sus servidores y correos institucionales. El objetivo es determinar cómo se hicieron las operaciones, quiénes participaron y si se pagaron comisiones millonarias que pudieron beneficiar indebidamente a terceros.
La presentación se apoya en una auditoría de la Auditoría General de la Nación (AGN), que detectó que las operaciones con derivados financieros vinculados al oro registraron un resultado negativo de US$ 1.023 millones durante 2025. La denuncia también incorpora al subsuperintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Nicolás Ferro, y solicita que se investigue si hubo administración fraudulenta, abuso de autoridad o incumplimiento de los deberes de funcionario público. Por ahora, se trata de sospechas que deberán ser probadas en la Justicia.
Comisiones por más de US$ 60 millones, bajo investigación
Uno de los puntos más delicados es el posible pago de comisiones, honorarios y márgenes a las entidades financieras que intervinieron en las operaciones. Según la denuncia, circularon versiones sobre pagos superiores a US$ 60 millones, pero no hay información pública suficiente para establecer cuánto se abonó efectivamente, quiénes recibieron esos fondos ni bajo qué condiciones.
La presentación pone la lupa sobre la presunta participación del Deutsche Bank como contraparte en los contratos. Dalbón pidió que se investigue cómo fue seleccionada la entidad, cuáles fueron los términos pactados y si existieron beneficios indebidos. También señaló que Caputo y Bausili habían tenido vínculos laborales con ese banco, un antecedente que no prueba por sí mismo un conflicto de intereses, pero que la Justicia deberá evaluar junto con el resto de la documentación.
La falta de acceso a los contratos es una de las principales trabas para reconstruir la operación. Según la denuncia, el Banco Central no habría entregado copias de esos documentos a los auditores de la AGN. Sin los contratos, resulta difícil conocer los precios acordados, las comisiones, las condiciones de cobertura y los criterios utilizados para elegir a las contrapartes.
Una pérdida millonaria y muchas preguntas sin respuesta
Las operaciones fueron presentadas como una cobertura financiera frente a posibles movimientos en el precio internacional del oro. Sin embargo, la auditoría registró un resultado negativo equivalente a unos US$ 1.023 millones, que incluyó US$ 960,2 millones por el resultado de las opciones y US$ 62,8 millones en primas.
El aumento de la cotización del oro también elevó el valor contable de las reservas del Central, pero ese dato no responde por sí solo a las preguntas sobre la estrategia financiera. Lo que debe esclarecerse es si la cobertura estuvo bien diseñada, cuánto costó, qué riesgos buscaba reducir y si las condiciones contratadas fueron razonables para el Estado.
El pedido de allanamiento busca preservar la evidencia digital y reconstruir las comunicaciones entre las autoridades del BCRA, el Ministerio de Economía y las entidades financieras involucradas. Dalbón también solicitó medidas de prueba ante organismos locales y cooperación internacional para establecer si hubo pagos indebidos.
El Gobierno debe explicar qué hizo con el oro argentino
El caso vuelve a poner bajo la lupa la gestión de las reservas del Banco Central y la opacidad con la que se manejaron operaciones millonarias. No alcanza con invocar una estrategia de cobertura: el Gobierno debe poder explicar sus costos, sus resultados y los controles aplicados, especialmente cuando están en juego activos estratégicos del país y recursos públicos.
La denuncia no demuestra que haya existido corrupción ni que los funcionarios hayan cometido delitos. Pero la magnitud de las pérdidas señaladas por la AGN, la falta de acceso a los contratos y las dudas sobre posibles comisiones justifican que se investigue a fondo.
Ahora, la Justicia deberá determinar quién tomó las decisiones, qué entidades cobraron por intervenir y si hubo perjuicio patrimonial o beneficios indebidos. La pregunta de fondo sigue abierta: ¿cómo se administraron las reservas de oro y por qué todavía no se conocen públicamente los detalles de una operación que involucró más de mil millones de dólares?
