El Gobierno promulgó la Ley de Inocencia Fiscal II: cuáles son los cambios y quiénes podrán acceder
El Gobierno de Javier Milei promulgó la Ley de Inocencia Fiscal II, una reforma que modifica las reglas tributarias, amplía el acceso al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias y limita los criterios con los que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puede cuestionar las declaraciones de los contribuyentes.
La norma, identificada como Ley 27.826, fue publicada este viernes en el Boletín Oficial mediante el Decreto 1160/2026. El objetivo del oficialismo es facilitar la incorporación al circuito formal de los ahorros que permanecen fuera del sistema financiero, incluidos los denominados “dólares del colchón”.
Los principales cambios de la ley
1. Se eliminan los topes de ingresos y patrimonio
La reforma amplía el universo de personas que pueden acceder al Régimen Simplificado de Ganancias. Se eliminan los límites anteriores de $1.000 millones de ingresos anuales y $10.000 millones de patrimonio, aunque los grandes contribuyentes quedan excluidos de los beneficios centrales del régimen.
2. Cambian los criterios para que ARCA cuestione una declaración
La ley redefine qué se considera una “discrepancia significativa” entre lo declarado y lo que detecta el organismo recaudador. Uno de los parámetros es que la impugnación implique un aumento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos de al menos el 15%. También se contemplan umbrales monetarios y excepciones, por lo que no cualquier diferencia provoca automáticamente la pérdida de los beneficios del sistema.
3. Se refuerza la presunción de exactitud
El nuevo esquema busca dar mayor previsibilidad a quienes presentan sus declaraciones bajo el régimen simplificado. En determinados casos, las declaraciones quedan protegidas frente a revisiones posteriores, salvo que se verifiquen las discrepancias previstas por la ley o situaciones específicas, como el uso de facturas apócrifas.
4. Se reducen multas para determinados contribuyentes
La norma establece una reducción del 25% en ciertas multas formales para micro, pequeñas y medianas empresas, personas humanas, sucesiones indivisas y entidades sin fines de lucro que no sean grandes contribuyentes nacionales.
El objetivo: que los dólares ingresen al circuito formal
El Gobierno sostiene que las modificaciones buscan generar mayor seguridad jurídica, reducir la carga burocrática y alentar a los argentinos a utilizar sus ahorros en la economía formal. La iniciativa forma parte de la estrategia económica de Milei y del ministro Luis Caputo para impulsar el consumo, la inversión y la actividad.
Sin embargo, la ley no equivale a una regularización automática de cualquier fondo no declarado ni elimina todas las obligaciones tributarias. Los beneficios dependen de las condiciones del régimen y de las situaciones contempladas en la normativa.
La promulgación abre una nueva etapa para la aplicación de los cambios, mientras contribuyentes y especialistas deberán analizar su alcance concreto y los procedimientos necesarios para acceder a las ventajas previstas.
