El Gobierno apeló el fallo que lo obliga a cumplir la Ley de Financiamiento Universitario
El gobierno de Javier Milei volvió a recurrir a la Justicia para evitar la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario. El Ministerio de Capital Humano presentó una apelación contra el fallo del juez federal Martín Cormick, que había declarado inconstitucional el decreto con el que el Ejecutivo condicionó la ejecución de la norma y ordenado cumplirla de inmediato.
La decisión judicial había obligado al Gobierno a poner en marcha las medidas administrativas y reglamentarias necesarias para aplicar la ley, que contempla recursos para las universidades nacionales y medidas vinculadas con la recomposición salarial docente. Ahora, la disputa pasará a la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.
El argumento del Gobierno: el impacto sobre las cuentas públicas
En su recurso, el Ejecutivo sostuvo que la sentencia genera un “gravamen irreparable” y cuestionó que la Justicia ordenara aplicar la norma sin identificar una fuente de financiamiento específica y suficiente. Según el planteo oficial, el cumplimiento tendría efectos presupuestarios de gran magnitud y comprometería el equilibrio fiscal.
El conflicto se originó cuando Milei promulgó la Ley de Financiamiento Universitario, pero condicionó su ejecución a que se determinaran los recursos necesarios y se incorporaran las partidas correspondientes al Presupuesto. La Justicia consideró que ese mecanismo no podía utilizarse para suspender una ley aprobada por el Congreso, incluso después de que ambas cámaras insistieran con su sanción frente al veto presidencial.
El juez Cormick entendió que el decreto había introducido, en los hechos, una nueva condición para una norma ratificada por el Poder Legislativo y ordenó su aplicación inmediata.
Universidades y docentes, otra vez en el centro del conflicto
La presentación judicial había sido impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), universidades y docentes, que reclamaron que se cumpla la legislación vigente. La norma contempla recursos para salarios, becas, investigación, gastos de funcionamiento y hospitales universitarios.
Mientras el Gobierno insiste en que la aplicación debe estar respaldada por partidas presupuestarias específicas, las universidades reclaman que se cumpla una ley sancionada por el Congreso en medio de la disputa por el ajuste del gasto público.
La apelación prolonga así el conflicto entre el Poder Ejecutivo y el sistema universitario. En lugar de cerrar la discusión con la aplicación de la norma, el Gobierno busca ahora que una instancia judicial superior revise el fallo que lo obliga a cumplirla.
