YPF: la Justicia de EEUU le da la razón a Kicillof y deja en evidencia la contradicción de Milei
La jueza federal de Nueva York Loretta Preska formalizó la anulación de la condena de más de US$16.000 millones contra la Argentina por la nacionalización de YPF. La decisión incorpora al expediente el fallo de la Cámara de Apelaciones que en marzo revocó la indemnización y representa un nuevo alivio para el Estado argentino. Pero el resultado también reabre una discusión política central: los argumentos que Axel Kicillof defendió para recuperar la petrolera estatal encontraron respaldo en un punto clave del razonamiento judicial, mientras Javier Milei, que prometía privatizarla, hoy la exhibe como un emblema de su gestión.
En 2023, Preska había condenado al país a pagar unos US$16.100 millones a los antiguos accionistas Petersen y Eton Park, cuyos derechos de litigio quedaron en manos del fondo Burford Capital. El reclamo se basaba en que el Estado no había realizado una oferta pública de adquisición por las acciones minoritarias cuando tomó el control de la compañía en 2012. La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revirtió esa condena al considerar que la jueza había interpretado de manera equivocada la legislación argentina.
El punto central del fallo coincide con uno de los argumentos que Kicillof sostuvo para defender la nacionalización: los estatutos de una sociedad no pueden colocarse por encima de la legislación argentina ni bloquear una decisión adoptada por el Estado en el marco de sus atribuciones. La resolución no constituye una validación judicial de cada aspecto de la expropiación, pero sí desarma el fundamento jurídico que había servido para imponerle al país una indemnización multimillonaria.
Kicillof y la defensa de la recuperación de YPF
La recuperación del control estatal de YPF se aprobó en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con Kicillof como uno de sus principales impulsores desde el área económica. El Estado tomó el 51% de las acciones que estaban en manos de Repsol, con el objetivo de recuperar capacidad de decisión sobre una empresa estratégica para la producción energética y el desarrollo económico del país.
Desde entonces, Kicillof defendió que la decisión respondía a la necesidad de revertir el deterioro de la producción hidrocarburífera y orientar las inversiones hacia las necesidades energéticas argentinas. Tras el fallo de la Cámara de Apelaciones, el gobernador sostuvo que la Justicia estadounidense había utilizado argumentos centrales de la posición argentina: una empresa no puede invocar sus estatutos para imponerse sobre las leyes de un país soberano.
El resultado judicial es relevante también por su dimensión económica. La condena original, que con intereses llegó a estimarse en más de US$18.000 millones, representaba una amenaza enorme para las cuentas públicas y podía condicionar durante años la capacidad financiera del Estado. La revocación evita, por ahora, ese desembolso y respalda la defensa que sucesivas administraciones argentinas sostuvieron en el litigio.
De prometer venderla a usar el mameluco de YPF
La situación deja expuesta otra contradicción política. Durante la campaña presidencial de 2023, Milei afirmó que YPF debía privatizarse. Después de ganar las elecciones, ratificó que primero había que “recomponerla” para luego venderla, y cuestionó la decisión de Kicillof de estatizarla. Su planteo partía de la idea de que las empresas estatales debían pasar a manos privadas.
Sin embargo, ya en la Presidencia, Milei incorporó la imagen de YPF a su propia comunicación política y suele aparecer con el mameluco de la compañía, una prenda asociada al trabajo petrolero y al desarrollo energético nacional. La escena contrasta con su proyecto original de privatización y con su rechazo a la participación del Estado en sectores estratégicos.
La contradicción no es menor. YPF tiene un papel central en el desarrollo de Vaca Muerta, en la producción de petróleo y gas, en las inversiones energéticas y en la generación de divisas. Su actividad impacta sobre el empleo, la industria, las exportaciones y la capacidad del país para abastecer su demanda de energía. La expansión de la producción no se explica únicamente por la empresa, pero YPF es uno de los actores fundamentales de ese proceso.
El Gobierno que prometía vender la petrolera hoy necesita mostrarla como símbolo de la potencia energética argentina. Y el fallo que deja sin efecto la condena más costosa contra el país vuelve a poner en discusión qué habría ocurrido si la empresa hubiera sido privatizada y el Estado hubiera perdido el control de una herramienta clave para definir la política energética.
Un alivio millonario, pero todavía no es el final
La formalización de Preska cierra su intervención en la primera instancia, pero el litigio no terminó de manera definitiva. Los demandantes recurrieron a la Corte Suprema de Estados Unidos para intentar que revise la decisión de la Cámara de Apelaciones. Ahora resta saber si el máximo tribunal acepta tratar el caso y si se abre una nueva etapa judicial.
Por eso, el fallo debe leerse como un avance decisivo para la Argentina, aunque todavía sujeto a la evolución del proceso. La condena de US$16.000 millones quedó anulada en esta instancia y el país evitó, por ahora, una obligación financiera de enorme magnitud.
La discusión también excede el expediente judicial. La causa YPF enfrenta dos concepciones sobre el papel del Estado: una que considera estratégica la capacidad pública de intervenir en un sector clave y otra que busca transferir empresas estatales al ámbito privado. La resolución no solo representa un alivio para las cuentas argentinas: también refuerza un argumento central de la defensa de la nacionalización y deja una pregunta incómoda para Milei, que prometió vender YPF y hoy se muestra con su mameluco como si siempre hubiera sido una bandera propia.
