Alrededor de 600.000 venezolanos que residen en Estados Unidos bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS) otorgado por el expresidente Joe Biden en 2021 podrían perder esa condición migratoria y exponerse a una deportación a partir del 7 de noviembre.

Esta situación surge a raíz de una declaración del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS), que instruyó a los beneficiarios a “prepararse para regresar a Venezuela” si no cuentan con otra base legal para permanecer en el país.

Una querella impulsada por un grupo de venezolanos y la Alianza TPS busca retrasar la medida, tanto para los beneficiarios originales del TPS de 2021, que suman alrededor de 250.000 personas, como para los 350.000 que se beneficiaron de la extensión de 2023. El caso legal se está llevando a cabo en un tribunal de California.

Este panorama se enmarca en las políticas migratorias de la administración de Donald Trump, que desde el inicio de su segundo mandato priorizó la expulsión de inmigrantes y refugiados de origen venezolano, algunos de ellos acusados de crímenes sin haber recibido un juicio justo.