La tensión diplomática entre Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas volvió a subir un escalón. El Gobierno británico convocó a la embajadora argentina en Londres, Mariana Plaza, para cuestionar el arbitraje internacional iniciado por el Gobierno de Javier Milei contra la explotación petrolera en el Atlántico Sur.
La protesta fue confirmada por Uma Kumaran, subsecretaria británica para los Territorios de Ultramar, quien informó que Plaza fue convocada para transmitirle la posición de Londres frente al reclamo argentino.
El Reino Unido consideró que la presentación argentina constituye un intento de “socavar los derechos, la prosperidad y la seguridad económica” de los habitantes de las islas. Además, Kumaran sostuvo que la decisión de Argentina “no es un acto que refleje la responsabilidad de los compromisos internacionales” y afirmó que genera dudas sobre la confiabilidad del país como socio del Reino Unido.
La respuesta británica llegó después de que Milei instruyera a la Cancillería y a los equipos jurídicos del Gobierno a iniciar un procedimiento de arbitraje bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El objetivo planteado por Argentina es impedir la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, particularmente a través del proyecto Sea Lion.
El Gobierno argentino sostiene que la explotación unilateral de recursos naturales en el área en disputa es contraria al derecho internacional y afecta los derechos soberanos argentinos. En ese marco, la Cancillería ya había presentado una protesta formal contra la extensión de licencias hidrocarburíferas vinculadas con las islas.
La respuesta de Londres
Además de cuestionar el arbitraje, el Gobierno británico volvió a ratificar su posición sobre la soberanía del archipiélago. Kumaran afirmó que “las Islas Falkland son británicas” y que el Reino Unido continuará defendiendo el derecho de los habitantes de las islas a la autodeterminación.
Londres también defendió las actividades hidrocarburíferas y sostuvo que están reguladas por las normas de las islas y que se desarrollan, según su posición, de acuerdo con el derecho internacional.
El conflicto se produce mientras avanza el proyecto Sea Lion, impulsado por la petrolera británica Rockhopper junto con Navitas Petroleum, que prevé comenzar la producción de petróleo en 2028. Argentina busca frenar ese desarrollo mediante las herramientas diplomáticas y jurídicas que anunció en los últimos días.
El Gobierno de Milei, por su parte, advirtió que si el Reino Unido no responde favorablemente al requerimiento argentino dentro del plazo establecido, recurrirá al Tribunal Internacional del Derecho del Mar para solicitar medidas provisionales destinadas a preservar los derechos que Argentina reivindica sobre su plataforma continental.
La convocatoria de la embajadora marca así un nuevo capítulo en una disputa que combina el reclamo histórico de soberanía sobre las Malvinas con un conflicto cada vez más concreto por la explotación de los recursos naturales del Atlántico Sur.