El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes un decreto que modifica la interpretación actual de la Décimo Cuarta Enmienda a la Constitución, para negar el derecho a la ciudadanía a los hijos de inmigrantes sin residencia permanente que nazcan en el país.

Así, el mandatario, en una de sus primeras medidas tras haber asumido este mismo lunes, cumplió con una de sus promesas de campaña.

Según la norma, “el gobierno de Estados Unidos no emitirá documentos que reconozcan la ciudadanía estadounidense, ni aceptará documentos emitidos por gobiernos o autoridades estatales, locales u otros que pretendan reconocer la ciudadanía estadounidense, a personas: (1) cuando la madre de esa persona estaba presente ilegalmente en los Estados Unidos y el padre de la persona no era ciudadano estadounidense o residente permanente legal en el momento del nacimiento de dicha persona, o (2) cuando la presencia de la madre de esa persona en el Estados Unidos era legal pero temporal, y el padre de la persona no era ciudadano estadounidense ni residente permanente legal en el momento del nacimiento de dicha persona”.

El decreto propone una nueva interpretación de la Décimo Cuarta Enmienda Constitucional, de 1868, que define que “toda persona nacida o naturalizada en los Estados Unidos, y sujeta a su jurisdicción, es ciudadana de los Estados Unidos y del estado en que resida”.

Ese texto, implementado tras la Guerra Civil Norteamericana, fue concebido para anular la decisión de la Corte Suprema en el caso Dred Scott v. Sandford, de 1857, que había excluido a los esclavos afroamericanos y sus descendientes de acceder a los derechos incluidos en la ciudadanía estadounidense.

A contramano de esto, Trump decidió introducir una nueva lectura de la enmienda: “Nunca fue interpretada para extender la ciudadanía universalmente a toda persona nacida en los Estados Unidos. Siempre excluyó de estos derechos a las personas nacidas en el territorio pero no ‘sujetas a su jurisdicción'”.

De esta forma, según el mandatario, la situación migratoria irregular o no permanente de los progenitores convierte a la persona nacida en “no sujeta a la jurisdicción”, por lo que no es merecedora de los derechos propios de la ciudadanía.

El Caucus Hispano del Congreso de Estados Unidos, un grupo de 43 legisladores de ese origen, repudió la decisión de Trump, a la que consideró “fútil”, “inconstitucional” y “antiestadounidense”, a la vez que advirtió del peligro de crear una “subclase”.

En un comunicado, el cuerpo afirmó que el decreto es “un truco político” para “avivar el sentimiento antiinmigrante” que “no hace nada para promover el crecimiento económico de los Estados Unidos ni para fortalecer nuestra nación”.

“La ciudadanía por derecho de nacimiento ha sido un factor decisivo para el éxito económico de nuestro país, al permitir que millones de personas contribuyan como trabajadores, dueños de empresas y contribuyentes. Eliminar este derecho constitucional crearía una subclase permanente y desestabilizaría nuestra fuerza laboral”, señala la declaración del Caucus Hispano.

Los congresistas hispanos se comprometen a luchar para proteger “esta piedra angular de la Constitución y los beneficios económicos para todos los estadounidenses” y no permitir que Estados Unidos vuelva a la “vergonzosa era de Dred Scott”.

“Quienes presionan para derogar o anular la ciudadanía por derecho de nacimiento y desmantelar la Décimo Cuarta Enmienda quieren ignorar 150 años de precedentes”, agregaron los congresistas del Caucus Hispano.