Trump deporta migrantes a países que no conocen y pone en riesgo a quienes buscan refugio
La administración de Donald Trump puso en marcha una red de acuerdos con gobiernos extranjeros para deportar a miles de migrantes a países que no son los suyos, incluso cuando tribunales estadounidenses determinaron que podrían sufrir persecución o correr peligro si regresan a sus lugares de origen. Una investigación internacional encabezada por The Guardian y The Washington Post expuso los detalles de una política negociada en gran parte en secreto, con consecuencias directas sobre personas que habían buscado protección en Estados Unidos.
Según el Proyecto Deportación, coordinado por la organización Forbidden Stories junto con otros 24 medios, más de 25.000 personas fueron enviadas a terceros países. Unas 20.000 fueron trasladadas por tierra a México y más de 5.000 viajaron en avión a destinos de África, América Latina, el Caribe y Asia Central. La investigación verificó más de 100 vuelos hacia 28 países, aunque advirtió que la cifra real podría ser mayor.
Uno de los casos es el de Nika, una mujer iraní de 32 años que había huido de la represión en su país y obtuvo protección legal en Estados Unidos. Después de pasar más de un año detenida y recuperar la libertad por orden judicial, volvió a ser arrestada y deportada a la República Centroafricana, un país que no conocía y donde vive con miedo a ser devuelta a Irán. “Nunca me dijeron que me iban a deportar a este país”, relató. “África me es completamente desconocida”.
La política también está bajo cuestionamiento judicial. En septiembre, un tribunal federal de apelaciones consideró ilegales estas deportaciones por vulnerar el debido proceso, al no darles a las personas afectadas tiempo suficiente para impugnar su traslado. Sin embargo, el Gobierno apeló y la Corte Suprema permitió reanudar los vuelos mientras analiza el caso. La decisión dejó abierta la continuidad de una práctica que puede exponer a personas refugiadas a nuevos riesgos de persecución y violencia.
Los documentos revisados por los medios muestran que Washington comprometió al menos 410 millones de dólares en acuerdos con 35 países para recibir deportados. En algunos casos, los gobiernos aceptaron recibir a muchas menos personas de las previstas: Camerún, por ejemplo, habría recibido 44 migrantes pese a un acuerdo que contemplaba 1.000. La investigación también reveló que organismos de Naciones Unidas brindan asistencia en algunos destinos, una participación cuestionada por especialistas en derechos humanos.
La Casa Blanca defiende el programa como parte de su ofensiva contra la inmigración irregular. Pero los testimonios recogidos describen personas trasladadas sin conocer su destino, separadas de sus redes familiares y enviadas a lugares donde no hablan el idioma ni pueden conseguir trabajo. Para organizaciones y abogados que siguen los casos, el mecanismo funciona también como una herramienta de disuasión: no solo expulsa migrantes, sino que busca que otros desistan de pedir refugio en Estados Unidos.
