1. Malvinas: más sanciones para empresas y también para quienes las ayudan

El primer capítulo modifica el régimen establecido por la Ley 26.659 y amplía considerablemente las actividades que pueden ser sancionadas.

La norma ya no se concentra solamente en la explotación de hidrocarburos. Si se aprueba, alcanzaría a cualquier actividad destinada al aprovechamiento de recursos naturales renovables o no renovables realizada sin autorización argentina en las islas, sus espacios marítimos circundantes o la plataforma continental argentina. Esto incluye potencialmente actividades pesqueras.

Además, la responsabilidad no quedaría limitada a la empresa que realiza directamente la actividad. El proyecto alcanza también a quienes proporcionen servicios económicos, financieros, logísticos, técnicos o de consultoría que resulten esenciales para llevar adelante la operación.

También contempla a socios, accionistas, participantes directos y controlantes de las compañías involucradas.

2. Multas millonarias y penas de hasta 20 años

El régimen de sanciones administrativas establece multas que pueden equivaler a entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo, además de suspensiones, cancelaciones de habilitaciones e inhabilitaciones de entre cinco y 20 años.

Las consecuencias pueden extenderse a la actividad económica de los sancionados en la Argentina: el proyecto contempla la revocación de permisos, concesiones y beneficios fiscales, la rescisión de determinados contratos y la imposibilidad de contratar con organismos públicos.

En el plano penal, las penas previstas van desde cinco hasta 20 años de prisión, dependiendo de la conducta. La prestación consciente de bienes o servicios indispensables para una operación ilegal podría recibir entre cinco y siete años; la prospección o exploración hidrocarburífera sin autorización, entre 12 y 15; y la exploración o explotación de recursos naturales no renovables, entre 12 y 20 años.

Para determinadas conductas relacionadas con extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos, el proyecto prevé penas de entre 15 y 20 años.

También incorpora la posibilidad de realizar determinados procesos en ausencia del acusado.

3. Un nuevo Consejo de Seguridad Nacional

Uno de los cambios institucionales más importantes es la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, que será el órgano rector de un nuevo Sistema de Seguridad Nacional.

Estará encabezado por el Presidente y tendrá como integrantes permanentes al jefe de Gabinete, los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, el titular de la SIDE y el secretario Legal y Técnico. Milei podrá convocar además a otros funcionarios o especialistas cuando lo considere necesario.

El Consejo tendrá a su cargo la elaboración de la Política de Seguridad Nacional y coordinará políticas diplomáticas, económicas, militares, de inteligencia y ciberseguridad.

El proyecto establece que distintos organismos deberán elaborar políticas específicas bajo los lineamientos de ese Consejo: Defensa tendrá su Política de Defensa Nacional; Economía, una Política Económica de Seguridad Nacional; Cancillería, una Política Diplomática de Seguridad Nacional; y la SIDE, una Política de Inteligencia Nacional.

Además, el Consejo podrá solicitar información y asistencia a organismos del Estado nacional y requerir cooperación de provincias, municipios y la Ciudad de Buenos Aires.

4. Bloqueo de fondos y aranceles de hasta 75%

El proyecto también le da al nuevo Consejo herramientas económicas frente a lo que considere una amenaza grave e inminente para la Seguridad Nacional.

Entre ellas aparecen restricciones temporales a operaciones cambiarias, transferencias y pagos bancarios; limitaciones a importaciones y exportaciones; suspensión de permisos y concesiones; restricciones para acceder a créditos, subsidios y beneficios fiscales; e inmovilización o bloqueo de fondos y activos bajo jurisdicción argentina.

Una de las herramientas más llamativas es la posibilidad de aumentar temporalmente los derechos de importación y exportación aplicables al Estado extranjero involucrado, con un techo de 75%.

5. Vuelve el régimen de derribo

El proyecto también incorpora un procedimiento para actuar frente a aeronaves consideradas irregulares u hostiles.

Primero se establece una cadena de identificación, advertencias y órdenes. Si la aeronave persiste en una conducta considerada hostil, puede ser declarada “Tránsito Aéreo Hostil”.

Luego pueden utilizarse medios militares para realizar una demostración de fuerza. El último escalón contempla el uso de la fuerza para impedir que continúe el vuelo. Para llegar a esa instancia será necesaria una orden expresa del Presidente, aunque el proyecto permite delegar esa facultad en el ministro de Defensa.

No es la primera vez que Argentina tiene un régimen de estas características. Mauricio Macri había aprobado en 2016 las Reglas de Protección Aeroespacial, que contemplaban el uso de la fuerza frente a determinados vectores hostiles. Alberto Fernández derogó esa normativa en 2023. El proyecto de Milei busca ahora establecer nuevamente esa capacidad mediante una ley.

6. Nuevas restricciones a la influencia extranjera

Otro capítulo modifica las reglas sobre financiamiento y participación extranjera en actividades políticas.

El proyecto propone impedir que extranjeros sin residencia permanente y personas jurídicas extranjeras financien, organicen, dirijan o ejecuten actividades de campaña electoral o propaganda.

Además, crea delitos relacionados con operaciones financiadas o dirigidas por Estados, organizaciones o agentes extranjeros destinadas a alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva. Las penas pueden llegar hasta 15 años de prisión en los casos agravados.

También aparecen nuevos delitos vinculados con operaciones clandestinas de inteligencia extranjera y la transmisión de secretos a otros Estados o servicios de inteligencia.

7. Cambia la definición de Defensa Nacional

El proyecto modifica la Ley 23.554 de Defensa Nacional y amplía el tipo de amenazas que deberán ser contempladas.

La nueva definición incluye amenazas externas provenientes tanto de actores estatales como no estatales, y contempla fenómenos “cinéticos” y “no cinéticos”.

Las Fuerzas Armadas deberían estar organizadas, adiestradas y equipadas para responder frente a operaciones militares convencionales y no convencionales y otras operaciones militares distintas de la guerra.

El proyecto también contempla su participación en la protección de determinadas infraestructuras críticas.

8. Infraestructura crítica: energía, comunicaciones y centros de datos

El Gobierno propone crear un régimen nacional específico para proteger instalaciones, redes y sistemas considerados indispensables para el funcionamiento del país.

La categoría incluye infraestructura pública y privada vinculada con servicios básicos, salud, seguridad, defensa, economía y funcionamiento del Estado.

El Consejo deberá elaborar una estrategia y un plan nacional de seguridad de infraestructura crítica. Las provincias y la Ciudad de Buenos Aires deberán identificar las infraestructuras correspondientes a sus jurisdicciones.

El texto menciona expresamente a los centros de datos y la infraestructura de tecnologías de la información.

Además, determinada información sobre la ubicación, características y medidas de seguridad de estas instalaciones podría ser clasificada.

9. Más controles sobre buques

La iniciativa crea también la figura de “Buque de Interés” para embarcaciones que, por su recorrido, bandera, actividad, antecedentes o comportamiento, requieran seguimiento.

El proyecto aclara que esa clasificación no significa por sí misma que exista una infracción ni habilita automáticamente medidas coercitivas.

Si un buque no obedece una orden de detención, se contempla una cadena que puede incluir persecución, inspección, maniobras de interposición y disparos de advertencia.

Como último recurso, podrían efectuarse disparos destinados a inutilizar la embarcación, procurando afectar sus sistemas de propulsión o gobierno y evitando su hundimiento.

El hundimiento queda reservado para una situación militar extrema frente a un buque hostil y requiere autorización previa y expresa del Presidente, aunque también puede delegarse en el ministro de Defensa. El proyecto prohíbe expresamente hundir una embarcación civil como sanción o simple mecanismo para impedir una fuga.

10. Una salida para las empresas que abandonen proyectos cuestionados

El proyecto no se limita a castigar. También crea un Régimen de Desistimiento y Regularización.

Las empresas o personas involucradas en actividades consideradas ilegales podrían solicitar su incorporación al régimen si demuestran que abandonaron la actividad, se comprometen a no reincidir y optan por pagar una multa o reconvertir sus inversiones hacia actividades legales en territorio argentino.

Si cumplen con las condiciones, podrían suspenderse procedimientos administrativos y acciones penales, y posteriormente extinguirse la acción penal bajo las condiciones previstas por la norma.

El objetivo declarado es generar un incentivo para que las empresas abandonen proyectos no autorizados y orienten sus inversiones hacia actividades dentro de la Argentina.

11. Terrorismo, inteligencia y bloqueo de activos

El proyecto también eleva a rango legal el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), que funciona dentro de la Unidad de Información Financiera.

Las entidades incorporadas al registro quedarían alcanzadas por medidas de inmovilización de fondos y activos.

La UIF podría disponer esas medidas y luego comunicar la decisión al Ministerio Público Fiscal y a un juez federal para su ratificación, modificación o revocación.

Además, se crea un delito específico para quien proporcione deliberadamente apoyo material a organizaciones o personas vinculadas con terrorismo o proliferación de armas de destrucción masiva, con penas de cinco a 15 años.

Una ley sobre Malvinas que termina siendo mucho más amplia

Aunque el conflicto por la explotación petrolera en Malvinas fue el disparador político de la iniciativa, el proyecto enviado al Congreso excede ampliamente esa cuestión.

En un mismo paquete aparecen Malvinas, recursos naturales, sanciones económicas, Defensa, inteligencia, ciberseguridad, infraestructura crítica, control aéreo y marítimo, influencia extranjera y terrorismo.

El Gobierno plantea que todas esas áreas deben formar parte de una misma estrategia de Seguridad Nacional y quedar coordinadas bajo una estructura cuyo máximo responsable será el Presidente.

Ahora el proyecto deberá atravesar el Congreso. Y el debate no estará limitado a las nuevas sanciones para las empresas que operen en Malvinas: también alcanzará las nuevas facultades que el texto propone para el Poder Ejecutivo, las Fuerzas Armadas y el nuevo Consejo de Seguridad Nacional.