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Polémica en España: desalojaron a una mujer de 87 años que vivió 70 años en su casa

Maricarmen tiene 87 años y llevaba siete décadas viviendo en el mismo departamento de Madrid. Este miércoles fue desalojada por orden judicial, en medio de una fuerte movilización de vecinos y organizaciones de inquilinos que durante toda la noche intentaron evitar que dejara la vivienda.

El operativo se realizó en un edificio de la calle Alcalde Sáinz de Baranda, en el barrio de Retiro. Cientos de personas se habían concentrado frente al inmueble y la Policía debió despejar los accesos para que pudiera ingresar la comisión judicial. Finalmente, Maricarmen salió del edificio en camilla y fue trasladada en ambulancia al hospital Gregorio Marañón para un control médico.

Maricarmen vivía allí desde 1956, cuando su padre firmó el contrato de alquiler. Tras su fallecimiento, el contrato pasó primero a su esposa y posteriormente a Maricarmen.

La vivienda formaba parte de los antiguos contratos de renta antigua, que establecían condiciones de alquiler muy diferentes a las actuales. El edificio fue vendido en 2018 y terminó en manos de Urbagestión Desarrollo e Inversión, una empresa dedicada a inversiones inmobiliarias.

A partir de allí comenzó el conflicto. Según distintas fuentes, la renta que pagaba Maricarmen rondaba los 500 euros mensuales, mientras que la propiedad pretendía llevarla a entre 1.650 y 2.650 euros, según el momento y la fuente consultada. Esa cifra quedaba por encima de sus ingresos, que provienen de una pensión de alrededor de 1.350-1.450 euros.

El conflicto llegó a los tribunales. Aunque una primera resolución había favorecido a Maricarmen, posteriormente el Tribunal Supremo falló a favor de la propiedad, lo que permitió avanzar con el desahucio. El de este miércoles fue el cuarto intento de ejecutar el lanzamiento.

Durante la madrugada, vecinos y organizaciones de inquilinos instalaron una concentración frente al edificio para intentar frenar el operativo. La Policía comenzó a desalojar a quienes bloqueaban los accesos y se produjeron momentos de tensión y empujones.

La abogada de Maricarmen, Beatriz Duro, aseguró que habían pedido suspender el desahucio por razones humanitarias y que también habían planteado distintas alternativas a la propiedad, sin alcanzar un acuerdo.

Desde la Comunidad de Madrid, en cambio, el portavoz del Gobierno regional sostuvo que se le había ofrecido una plaza pública en una residencia y que también se habían planteado alternativas habitacionales junto con el Ayuntamiento, pero que fueron rechazadas.

El caso generó movilizaciones en distintas ciudades españolas y volvió a poner en el centro de la discusión el precio de los alquileres, la situación de los contratos antiguos y la dificultad para acceder a una vivienda en las grandes ciudades.

Redacción Somos Citrica

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