La movilización se da en un contexto de fuerte confrontación con el Gobierno nacional, que declaró a la educación como servicio esencial y exige un 75% de presencialidad, bajo la advertencia de aplicar multas a los gremios docentes.

Frente a esta disposición, docentes de la provincia de Buenos Aires señalaron que el Ministerio de Trabajo provincial, a través de la Dirección General de Escuelas, emitió un comunicado oficial que ampara y respalda la medida de fuerza. Este respaldo impide que el Gobierno nacional envíe auditores a los establecimientos educativos bonaerenses, argumentando que las escuelas ya cuentan con organismos gubernamentales propios que supervisan la tarea docente.

En diálogo con el cronista de C5N Sergio Cirigliano, Federico, un docente de nivel primario en Barracas con 18 años de antigüedad, describió la compleja realidad económica que atraviesan: “El salario docente para una maestra que recién se inicia a nivel nacional es de apenas $500 mil”. Según explicó, esta situación obliga a los trabajadores a cubrir dos o tres cargos, o incluso a realizar tareas de transporte a través de aplicaciones como Uber o Didi para poder llegar a fin de mes. El hombre también apuntó contra las políticas del gobierno de Javier Milei, señalando que el recorte presupuestario responde a exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Por su parte, Adriana, profesora de nivel secundario en la provincia de Buenos Aires, explicó que si bien reciben aumentos acordes a la inflación del INDEC (a veces aplicados con retroactividad), el índice oficial resulta “mentiroso” frente al costo de vida real. Ante esto, reclamó la implementación de ingresos indirectos, tales como un subsidio o tarifa especial para el boleto de transporte de los docentes.