Con el panorama complicado para obtener los apoyos necesarios en el Senado al proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, conocido como Ley de Tierras, el oficialismo negocia nuevas concesiones a los aliados.

La titular del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta, Patricia Bullrich, ofrecerá una conferencia de prensa este martes a las 16 hs para detallar las modificaciones y así evitar el fracaso del proyecto ideado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

En las últimas horas comenzó a circular un nuevo borrador que, en lugar de eliminarlo, eleva el tope a la prohibición para la adquisición de tierras rurales por parte de personas humanas o jurídicas, de nacionalidad extranjera del 15% al 25% en el territorio de cada provincia. También ratifica que “la adquisición de inmuebles rurales ubicados en zonas de seguridad de frontera por extranjeros deberá contar con la autorización de la provincia y del Poder Ejecutivo Nacional”.

El proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada debería tratarse este jueves 6 de agosto, luego del cuarto intermedio solicitado el 16 de julio por La Libertad Avanza ante un nuevo intento fallido de aprobar la iniciativa.

El punto más controvertido, que eliminaba los límites vigentes a la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, entre ellos el tope del 15% del territorio nacional, provincial y municipal establecido por la legislación actual había motivado incluso una fuerte discusión entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y Patricia Bullrich. Entonces se filtró una conversación de WhatsApp entre ambas en la que discutían por el tratamiento de la reforma. Allí también trascendió que Villarruel mantenía conversaciones con distintos senadores para intentar desalentar su presencia en el recinto y frustrar el quórum.

El paso de los días jugó a favor de la oposición, que comenzó a elaborar una estrategia para visibilizar los efectos de la extranjerización de la tierra, al tiempo que comenzaron a organizarse movilizaciones al Congreso para el día de su tratamiento. De hecho, organizaciones sociales, ambientales, eclesiásticas y sindicales marcharán el jueves para rechazar la iniciativa.

Además, las internas provinciales comienzan a tener cada vez más peso a la hora de contabilizar los votos. La semana pasada, Bullrich se reunió con Sturzenegger para cerrar la letra de los cambios al dictamen —que ya llegó a su versión número 15—. Al finalizar el encuentro, la senadora evitó responder si los votos estaban asegurados. “Ahora están de vacaciones, pero venimos bien”, se limitó a responder al ser consultada por la prensa.

Lo cierto es que La Libertad Avanza nunca estuvo holgado a la hora de hacer el conteo de los votos. Y con el correr de los días, también se profundizó una interna en Misiones que tiene consecuencias directas sobre el desenlace de la votación.

El exgobernador Carlos Rovira y el gobernador, Hugo Passalacqua, atraviesan una fuerte disputa política de cara a las elecciones de 2027. La pelea ya tuvo efectos en la Legislatura provincial con el quiebre del Frente Renovador para la Concordia y también comienza a repercutir en el Congreso Nacional.

Además, la resistencia al proyecto dejó de limitarse al plano parlamentario. En los últimos días comenzaron a multiplicarse los pronunciamientos públicos contra la iniciativa, tanto desde organizaciones sociales y ambientales como desde la propia Iglesia Católica.

La Comisión Episcopal de Pastoral Social cuestionó el proyecto al advertir que “la tierra no es una mercancía, ni un simple recurso económico” y sostuvo que la iniciativa “atenta contra la soberanía de nuestra tierra, de nuestros alimentos, de nuestros bienes comunes y el derecho de los pueblos de autodeterminarse”.

Y alertó que la reforma “debilita la potestad del Estado, en sus distintos niveles, para gestionar el uso del territorio, planificar obras públicas y proteger el interés comunitario, sobre todo a los más vulnerables, frente a intereses privados, tanto locales como extranjeros”.

A ese escenario se suma otro dato que podría preocupar al oficialismo: el rechazo social a la flexibilización de la compra de tierras por parte de extranjeros.

Los primeros sondeos mostraron que el 77% de los argentinos está de acuerdo con mantener límites a la compra de tierras por parte de extranjeros, mientras que el 16,7% se manifestó en desacuerdo y el 6,3% respondió que no sabe.