Otra vez: el Gobierno vuelve a la Justicia para no pagar el financiamiento universitario
El Gobierno de Javier Milei decidió apelar el fallo judicial que ordenó aplicar de inmediato la Ley de Financiamiento Universitario, en una nueva disputa por los fondos que las universidades nacionales reclaman para funcionar. La decisión se conoce mientras el Ejecutivo avanza con un Presupuesto 2027 que mantiene el financiamiento universitario por debajo de lo establecido por la ley.
El juez federal Martín Cormick había declarado inconstitucional el decreto mediante el cual el Gobierno frenó la aplicación de la norma y consideró que el Poder Ejecutivo no podía condicionar la ejecución de una ley aprobada por el Congreso. La resolución había ordenado su cumplimiento inmediato.
La ley contempla recursos para salarios, becas, investigación y gastos de funcionamiento de las universidades. Según la información publicada sobre el fallo, el Gobierno aplicó algunos aumentos salariales y de becas, pero todavía no incorporó el 20% de incremento correspondiente a los gastos de funcionamiento ni una partida adicional de $50.000 millones para hospitales universitarios.
El conflicto se superpone con el proyecto de Presupuesto 2027, que tampoco contempla los recursos necesarios para cumplir plenamente con la ley. Para el funcionamiento de las universidades se prevén alrededor de $7,3 billones, mientras que los rectores estimaron que serían necesarios unos $11 billones para aplicar la norma, una diferencia cercana al 50%.
La situación forma parte de un ajuste educativo mucho más amplio. Un análisis de Chequeado sobre el proyecto oficial señala que el gasto en Educación y Cultura para 2027 equivale al 0,77% del PBI, uno de los niveles más bajos de la serie iniciada en 2005. En términos reales, la inversión educativa proyectada cae 44,3% respecto de 2023.
En el caso específico de las universidades, los fondos previstos para 2027 prácticamente no crecen en términos reales respecto de 2026 y quedan 25,4% por debajo de lo que establece la Ley de Financiamiento Universitario. Otro análisis ubica los recursos universitarios de 2027 en apenas el 0,53% del PBI, frente al 0,71% de 2023.
Así, mientras el Gobierno sostiene su política de ajuste y busca preservar el equilibrio fiscal, las universidades continúan reclamando una recomposición de sus partidas para afrontar salarios, funcionamiento, investigación y becas. Ahora, además, el Ejecutivo decidió llevar nuevamente la disputa a los tribunales para intentar revertir la orden que le exige cumplir una ley sancionada por el Congreso.
