Milei no pudo ante la presión opositora y Diputados aprobó la ley de discapacidad: ¿la vetará?
Después de casi dos meses de reclamos y negociaciones, el Gobierno de Javier Milei tuvo que aceptar modificaciones impulsadas por la oposición para conseguir la media sanción de un nuevo régimen permanente de prestaciones y pensiones por discapacidad. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto con 237 votos afirmativos, nueve negativos y cuatro abstenciones, en una sesión atravesada por las demandas de las organizaciones y la incertidumbre sobre los recursos que garantizarán la atención.
El resultado representó un avance para quienes reclamaban una respuesta concreta frente a los problemas de financiamiento del sistema, las deudas con los prestadores y las dificultades para acceder a las pensiones. Sin embargo, la aprobación no despejó todas las dudas: el oficialismo consiguió encauzar el debate con una iniciativa propia, pero debió incorporar buena parte de los planteos que la oposición venía defendiendo desde la sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad de 2025.
Los cambios que tuvo que aceptar el oficialismo
Durante la negociación, La Libertad Avanza aceptó modificaciones en los requisitos para acceder a las pensiones, el financiamiento del sistema, la cobertura de salud y los plazos para cancelar las compensaciones adeudadas a los prestadores. El nuevo texto también contempla la actualización mensual de los aranceles del nomenclador según la inflación y la continuidad de las pensiones no contributivas.
Uno de los puntos centrales es que los requisitos para acceder a las prestaciones quedan incorporados en la propia ley, en lugar de depender exclusivamente de la reglamentación que defina el Poder Ejecutivo. Además, se establecen plazos para notificar el cronograma de pagos pendientes dentro de los 30 días desde la entrada en vigencia de la norma y completar las cancelaciones dentro de los 90 días para quienes hayan cumplido los trámites administrativos.
El diputado de Unión por la Patria Germán Martínez destacó que el nuevo proyecto recupera alrededor del 75% del contenido de la ley de emergencia aprobada el año anterior. El dato expone hasta qué punto las demandas que el Gobierno resistió durante meses terminaron formando parte de la iniciativa que ahora logró avanzar en el Congreso.
La contradicción con el Presupuesto 2027
La aprobación, sin embargo, dejó una pregunta sin resolver: de dónde saldrán los fondos necesarios para garantizar que las prestaciones se cumplan. La oposición advirtió que el proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Gobierno contiene disposiciones que ponen en duda el respaldo financiero de las medidas vinculadas con la discapacidad.
El diputado Juan Marino cuestionó esa contradicción y sostuvo que el proyecto debatido en Diputados resulta incompatible con el texto presupuestario enviado por el Ejecutivo. Desde el peronismo reclamaron garantías explícitas de que las prestaciones y los recursos estarán contemplados en las cuentas públicas del próximo año.
La discusión es decisiva porque una ley puede reconocer derechos, pero sin presupuesto suficiente su aplicación queda comprometida. Por eso, aunque la media sanción representa un avance para las personas con discapacidad y sus familias, todavía resta el tratamiento en el Senado y la confirmación de que el Gobierno garantizará los recursos necesarios. Después de meses de conflicto, la presión social y parlamentaria consiguió cambios; ahora el desafío es que esos compromisos se traduzcan en prestaciones efectivas.
